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A diez años del inicio de las obras del Tren Interurbano México-Toluca, los vecinos de la colonia El Capulín, en Álvaro Obregón, paralizaron la obra y volvieron a manifestarse esta semana, bloqueando calles cercanas al tramo de Presa Tacubaya. Su objetivo es presionar a las autoridades para obtener respuestas concretas ante las afectaciones que han sufrido sus viviendas y entorno urbano por los trabajos de construcción.
El conflicto se centra en los daños estructurales detectados en al menos 33 viviendas, así como en otros perjuicios a más de 200 habitantes de la zona.
Los vecinos acusan a las autoridades de incumplir con la entrega de dictámenes técnicos que certifiquen dichas afectaciones, los cuales son necesarios para iniciar con las reparaciones correspondientes.
Aseguran que, a pesar de que funcionarios como el secretario de Obras, Raúl Basulto, han recorrido la zona y reconocido los daños, no han cumplido con los compromisos asumidos.
Entre sus principales demandas, destacan la pronta entrega de los dictámenes técnicos, la reparación inmediata de las viviendas y la continuidad de los apoyos económicos gestionados desde el año pasado.
También solicitan que se garantice legalmente la realización de las reparaciones y se remueva a dos funcionarios de la Secretaría de Obras: Tomasa Guadalupe Juárez García y Pedro Bello Aguilar, a quienes señalan de entorpecer las negociaciones, negar las afectaciones y amedrentar a los vecinos.
Los habitantes de El Capulín expresan su frustración por lo que consideran una actitud omisa por parte de las autoridades. A pesar de haber sostenido reuniones con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y funcionarios clave, los acuerdos establecidos no se han materializado. Por ello, advierten que continuarán con acciones de protesta, como plantones y bloqueos, ya que consideran que la presión pública es la única vía para ser escuchados.
El descontento no solo se enfoca en la falta de soluciones, sino también en lo que califican como una contradicción por parte de las actuales autoridades, a quienes acusan de replicar las prácticas de gobiernos anteriores que criticaban por ser represivos y corruptos.
Según los afectados, este conflicto, que ya cumple una década, pone en evidencia los problemas de comunicación y gestión en proyectos de gran envergadura. Los vecinos, organizados desde el inicio de las obras, aseguran que no cesarán en su lucha hasta obtener justicia y respuestas concretas.