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Las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa tienen buena voluntad para acoger a migrantes que serán deportados de Estados Unidos y utilizarán la capital como vía de tránsito para retornar a sus regiones o buscar alternativas de empleo en la metrópoli, por lo que están a punto de realizar acciones como servicios médicos, alimentación y verificación de inmuebles abandonados o tomados por el crimen en los que se podría extender el dominio y convertirlos en albergues, todo en conjunto con las decisiones que indique la presidencia de la República.
En los años 2022 y 2023, cuando miles de personas en tránsito buscaban en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), los trámites para la ayuda y reconocimiento como refugiados, la saturación en la logística llevó a las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo a mantener en los espacios públicos a decenas de personas en tránsito, con pésima calidad de vida, sin servicios básicos de higiene y mala alimentación; no obstante, previo a las amenazas de las deportaciones de extranjeros de Estados Unidos a México y Centroamérica, las alcaldesas Alessandra Rojo de la Vega y Aleida Alavez dijeron a Crónica que están interesadas en colaborar con los tres niveles de Gobierno, a pesar de no contar con presupuesto para ello, mientras que el edil de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, considera que es pésima e improvisada la estrategia del Gobierno de México.
El área de Movilidad Humana del Gobierno capitalino no ha externado a la población el plan a seguir en conjunto con los ediles. Hasta el momento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, únicamente se ha limitado a decir que se alista la reubicación de migrantes que viven en las calles, como la Plaza de la Soledad en la alcaldía Venustiano Carranza. Dicha estrategia se realizaría en coordinación con el Gobierno Federal, sin embargo, no se ha revelado la ubicación de los albergues, presupuesto o a cuántas personas atenderán.
A pesar de que las alcaldías no tienen atribuciones para realizar actos en materia migratoria, salvo en un anuncio de emergencia nacional — en conformidad con la Ley de Migración —, Rojo y Alavez están interesadas en buscar soluciones, reunirse con Villanueva y Brugada, pero Mauricio Tabe aseguró que desconoce el proyecto migratorio a seguir y calificó como de ligereza y arrebato la relación de la presidencia con Estados Unidos.
“No tenemos conocimiento, me preocupa el grado de improvisación con que el Gobierno Federal ha tratado la relación con Estados Unidos, así como muchos temas con estos Gobiernos. Me preocupa que esta descomposición de la relación no solamente afecte a nuestros connacionales, si no también afecte las relaciones económicas y eso tenga consecuencias sobre el empleo y la calidad de vida de todos los mexicanos, al ser uno de los socios comerciales más importantes que tiene México”.
“Nos preocupa en el caso del fenómeno migratorio, que en la ligereza y la improvisación, tengamos una ola de migrantes y que ni el Gobierno Federal ni de la ciudad estén preparados para recibir estas olas migratorias, no solamente de mexicanos, si no de migrantes de otros países, que terminen residiendo aquí y me parece que lo más justo que tiene que hacer el Gobierno es pensar en los derechos de todas las personas y dar las condiciones para albergar a los migrantes, porque si no vamos a tener, como ya hemos tenido, las calles llenas de personas en situación de calle y lo más crítico son las violaciones a los derechos y las afectaciones que generan al entorno”.
“Son personas que en busca de la esperanza lo único que acumulan es sufrimiento y violaciones a sus derechos humanos, hay una parte humanitaria de la cual no podemos ser ajenos, pero la otra son los problemas que generan sobre el entorno urbano y el espacio público, los dos son desafíos importantes que el Gobierno de la ciudad y Federal deben prever. Cerrar los ojos ante la realidad va a generar mayores problemas porque se acumulan en las distintas alcaldías y municipios de nuestro país”.
La principal alcaldía a la que llegó población migrante retornada en el periodo de 2015-2020 fue Benito Juárez (16.1 por ciento); en orden de importancia, las tres siguientes alcaldías fueron Miguel Hidalgo (13.8 por ciento), Cuauhtémoc (11.6 por ciento) e Iztapalapa (8.9 por ciento). Durante este lapso se consideró que 58.2 por ciento de las personas migrantes retornadas a la entidad fueron hombres, cuya edad mediana fue de 38 años; según el Diagnóstico de la Movilidad Humana en la Ciudad de México, elaborado por el Gobierno Federal.
Sin embargo, en años posteriores, el número de personas en tránsito se extendió a alcaldías como Tláhuac, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, con grandes asentamientos irregulares en los que todavía habitan migrantes. En mayo del 2024, vecinos de la colonia Verónica Anzures en Miguel Hidalgo, rechazaron la reubicación de la COMAR en esa localidad, a causa de la llegada de extranjeros a las calles, luego de ello, no se retomó una estrategia para que los espacios públicos no fueran invadidos, aún con las amenazas de Trump de expulsar migrantes que se alojan en iglesias y refugios y más de 11 mil personas ilegales en Estados Unidos que tendrán que pasar por la Ciudad de México para retornar a sus países de origen.
En ese sentido, Alessandra Rojo de la Vega narró a Crónica que si bien han tratado la política migratoria con autoridades federales y estatales, está dispuesta, dentro de sus facultades, a brindar servicios de ayuda a los migrantes, como incitar al Gobierno central a la toma de dominio de predios abandonados que podrían rehabilitarse como refugios. Sin embargo, ante la ausencia de recursos para este rubro, no es posible regresar espacios como la casa del migrante. Además, cree que no serán suficientes los trabajos que se realicen para contener a los extranjeros y connacionales.
“He empezado las verificaciones a hoteles y predios abandonados que están invadidos, verificar la situación, hacer un diagnóstico con el Gobierno de la ciudad, par que podamos hacer refugios para ellos. Por supuesto que yo no tengo recurso para ello, pero sí la disposición para coordinarme con ellos. Uno de ellos es el hotel Parra, donde hubo un incendio y murió una familia, no tiene dueño, fue invadido y una persona rentaba por esos espacios que utilizaban como Unidad Habitacional de manera ilegal; todos estos predios que hay muchos en el centro y en distintas colonias, como la Guerrero, hay que verificarlos, como alcaldía pongo toda la fuerza de abogados para regularizar, pero forzosamente le tiene que entrar el Gobierno de la ciudad para la extinción de dominio, si ellos me ayudan con recursos, yo puedo poner capital humano para que operen y sean espacios culturales, deportivos, donde se respeten sus derechos”.
“Hemos establecido una brigada de servicios médicos que pudieran estar en la alcaldía, ahorita no tenemos identificado algún campamento, respetamos sus Derechos Humanos para atenderlos, acompañarlos de la mano de los Gobiernos que les corresponde regularizar sus trámites con el Gobierno Federal o buscar un refugio con el Gobierno de la ciudad. Sería muy raro que se instalara un campamento en la colonia Juárez”.
“Me parece que van a faltar manos, ojalá que no sea el caso y se pueda atender a toda esta población, pero creo que va a ser insuficiente. Para mí es muy importante que sepan que cuentan con mi apoyo, con mi coordinación para poder apoyar a todas las personas que se verán perjudicadas con el tema de Estados Unidos”.
— ¿Se tiene planeado regresar la casa del migrante? — “Por el momento no, el presupuesto es insuficiente, lo he venido diciendo en el Congreso de la Ciudad de México y lo repito todos los días, el presupuesto que nos asignan en Cuauhtémoc es destinado a los 585 mil habitantes, pero todos los días transitan siete millones de personas que desgastan los espacios públicos, que utilizan los parques, las plazas; es muy poco presupuesto para la cantidad de servicios y peticiones que tenemos todos los días y no hay dinero suficiente para atender a toda esta población”.
En 2024, el exalcalde de Cuahtémoc, Raúl Ortega, cerró la casa del migrante bajo el argumento de que no era necesaria mantenerla en la colonia Juárez, sin embargo, actualmente no existen espacios subsidiados por el Gobierno para refugiar migrantes. El albergue de la alcaldía Tláhuac cerró en 2023 tras siete semanas de operación, según las autoridades, debido al sobrecupo de cuatro mil personas, hecho que retornó a las personas en tránsito a la plaza Giordano Bruno; después, no se instaron más espacios para atender a esa población.
En tanto, Aleida Alavez mencionó a Crónica que la alcaldía Iztapalapa se ha adelantado a colaborar con la política migratoria y están listos para “hacer sin chistar a lo que solicite la presidenta y la jefa de Gobierno”. Adelantó que desde el 2024, se instaló la Comisión de Interculturalidad que atienda a las problemáticas de movilidad humana, para que no se le criminalice a los migrantes y se generen las condiciones para la convivencia pacífica, no se les estigmatice y se establezca la convivencia pacífica.
Lejos de incitar a la preocupación por las posibles deportaciones, la alcaldesa planea tomar de la mano a todas las instituciones federales y locales para recibir a la población en tránsito, sin que eso genere afectaciones en los espacios públicos o en su calidad de vida.
“Tenemos una política intercultural de reconocimiento a la necesidad de migración, no vamos a estigmatizar si llegan olas migratorias. Nos hemos reunido con la Organización Internacional de Migraciones, con la Comisión Intercultural de la Ciudad de México, se va a hacer un plan con la jefa de Gobierno, donde todas las alcaldías tendremos una subcomisión para estar de la mano con las acciones que determine nuestra presidenta. No podemos más que hacer eso, no nos corresponde establecer los estatus migratorios de nadie, en el caso de la alcaldía”.
Aleida afirmó que incitará a una reunión con la COMAR y con el Instituto Nacional de Migración para que la información fluya adecuadamente y atención al fenómeno migratorio, de tal manera que no genere preocupación en la población y no se generen percepciones equivocadas de lo que significa la presencia de flujos migratorios en Iztapalapa.
Ante la posible instalación de albergues, Alavez esperará a las indicaciones del Gobierno federal, donde se prestarán servicios de salud, sin embargo, esperará a lo que determine la Comisión de Interculturalidad de la Ciudad de México.
— ¿Cree suficientes las medidas del Gobierno federal local y federal ante las deportaciones? — “Es una situación que se ve venir, no está presente aún, pero se están haciendo los preparativos por si llegara a suceder la llegada de muchas personas en ese sentido. Lo importante es estar al pendiente, en nuestro caso, medidas que impliquen establecer espacios, ver con qué servicios se van a contar, que no actuemos de manera improvisada”.
Hacia la posible instalación de una casa del migrante subsidiada por la alcaldía, similar a la que existía en la alcaldía Cuauhtémoc, Aleida Alavez subrayó que se están haciendo las previsiones, dado que no existe un presupuesto asignado para ello; es por eso que insiste en que insistió en que es fundamental la coordinación diaria en los gabinetes para estipular qué tareas le corresponden a cada funcionario de los tres niveles de Gobierno.
“Esta ciudad se determinó hospitalaria desde hace muchos años, nosotros hicimos la primera Ley de interculturalidad y movilidad humana para que todas las personas que están en movilidad no tengan ninguna problemática ni que se les detenga y la idea es prestar servicios, ser empáticos y no criminalizar a nadie”.