Búsqueda
La alcaldía Iztapalapa y el Gobierno de la Ciudad de México acordaron intensificar su colaboración para atender el problema del embarazo no planeado en adolescentes, una situación que afecta principalmente a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y que está vinculada con la falta de información, el acceso limitado a métodos anticonceptivos y la violencia de género.
Durante la instalación del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GUMPEA), la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz destacó que Iztapalapa es la demarcación con mayor número de nacimientos en niñas y adolescentes, lo que subraya la urgencia de implementar políticas públicas efectivas en materia de educación sexual y acceso a servicios de salud.
“Las y los jóvenes deben tener información clara y acceso a los recursos necesarios para ejercer su sexualidad de manera libre y segura. No podemos permitir que sigan enfrentando estos problemas sin apoyo del gobierno”, afirmó la alcaldesa.
Datos del INEGI indican que el 23% de adolescentes entre 12 y 19 años inicia su vida sexual sin el uso de métodos anticonceptivos, lo que incrementa el riesgo de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Esta situación, según Alavez Ruiz, perpetúa condiciones de desigualdad, especialmente entre las jóvenes que viven en pobreza.
Para hacer frente a esta problemática, la alcaldía ha comenzado la instalación de dispensadores de toallas sanitarias en escuelas y ha ampliado la oferta de métodos anticonceptivos gratuitos. Además, se busca aprovechar programas educativos de bachillerato y licenciatura para incluir información sobre derechos sexuales y reproductivos dirigida tanto a jóvenes como a sus familias.
La secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Dapthne Cuevas Ortiz, subrayó la importancia de reducir en al menos un 50% la tasa de embarazo en adolescentes de 14 a 19 años, en concordancia con los objetivos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) y la Agenda 2030.
Representantes de instituciones educativas, de salud y organizaciones sociales respaldaron el compromiso de la alcaldía y solicitaron la intervención de instancias como la Fiscalía General de Justicia para abordar casos de violencia y abuso que contribuyen al embarazo adolescente. También llamaron a sindicatos a no encubrir a docentes y trabajadores acusados de abuso.
“Durante décadas, el acceso a información sobre derechos sexuales fue limitado por decisiones políticas. Hoy es nuestro deber garantizar que todas las jóvenes tengan herramientas para decidir sobre su vida y futuro”, concluyó Alavez Ruiz.