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El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, informó que su administración ha presentado 13 denuncias administrativas y 5 denuncias penales ante las autoridades competentes por presuntas irregularidades cometidas durante la gestión pasada.
El funcionario detalló entre las irregularidades detectadas, se identificaron temas como el uso ilegal de atribuciones, el ejercicio indebido del servicio público, abuso de recursos, contratación irregular de servidores públicos inhabilitados, entre otras faltas administrativas graves y no graves.
Fernando Mercado detalló que en el acta de entrega-recepción de la administración pasada se detectaron 239 observaciones, las cuales han sido turnadas a la Contraloría para su análisis y seguimiento. Sobre los temas específicos que motivaron las denuncias, el alcalde mencionó que se han identificado prácticas irregulares que generaron un daño económico significativo a la alcaldía.
“Un ejemplo de ello es el pago indebido y doble a proveedores, quienes aseguran haber devuelto el dinero, pero estos recursos nunca ingresaron a las arcas de la administración. Se trata de un boquete financiero que se arrastra desde 2021 hasta 2024 y que ha dejado un faltante de 24 millones de pesos, que deberían encontrarse en las cuentas de la alcaldía”, explicó Mercado.
Posibles responsabilidades del exalcalde
Según el alcalde, las denuncias interpuestas buscan deslindar responsabilidades sobre estos actos irregulares, señalando que muchas de las irregularidades ocurrieron en 2024, lo que implica que la actual administración tuvo que cerrar procedimientos administrativos iniciados previamente.
Al ser cuestionado sobre si estas denuncias podrían implicar directamente al exalcalde, Luis Gerardo Quijano, Mercado sostuvo que será la autoridad quien determine la responsabilidad de los implicados, aunque dejó entrever que algunos hechos no pudieron haber sucedido sin conocimiento de los altos funcionarios del gobierno anterior.
“Seguramente será llamado para deslindar responsabilidades. Hay casos en los que hay una responsabilidad clara, al menos por omisión. Si hablamos, por ejemplo, de la contratación de un director inhabilitado, la responsabilidad recae en quien lo contrató. En otros casos, su participación será menor o nula, y la autoridad determinará si procede una investigación y posibles sanciones”, comentó.
Irregularidades en contrataciones y clausuras
El alcalde señaló que la administración anterior violó los lineamientos sobre asignaciones directas de contratos públicos. La ley establece que solo el 20% de los recursos de la alcaldía pueden ser adjudicados directamente, mientras que el 80% debe asignarse mediante licitaciones públicas o invitaciones restringidas. Sin embargo, en el ejercicio 2023, el gobierno anterior adjudicó el 38% de los recursos de manera directa y, en 2024, un 36%, duplicando los límites permitidos por la ley.
Otro de los puntos denunciados por Mercado tiene que ver con la clausura de establecimientos públicos. Explicó que existen 50 clausuras documentadas, pero ninguna de ellas generó ingresos para la alcaldía en concepto de multas, como debería ocurrir según la normativa.
“La ley indica que cuando un establecimiento es clausurado, debe haber una sanción y una multa correspondiente. Sin embargo, aunque tenemos en los expedientes estas 50 clausuras, no hay evidencia de que se haya cobrado un solo peso en sanciones que debieron haber ingresado a la Tesorería”, sostuvo.
Mercado subrayó que esta situación genera sospechas sobre posibles acuerdos irregulares entre funcionarios y propietarios de los establecimientos clausurados, ya que no se encuentra registro de los pagos correspondientes.
Contratos sin supervisión y presunta intención política
El alcalde también acusó a la administración anterior de haber actuado con “intencionalidad política” para dificultar el inicio de su gobierno. Como ejemplo, citó el caso de una obra pública en la que dos trabajadores fallecieron hace 12 días debido a la falta de supervisión externa.
Explicó que al inicio del 2024, el gobierno anterior sí contrató supervisión externa en las obras que ejecutó. Sin embargo, tras las elecciones de junio y sabiendo que la administración cambiaría, se contrataron 50 proyectos adicionales sin supervisión externa, generando 120 frentes de obra simultáneos en la alcaldía sin control adecuado.
“Al principio del año, cuando ellos ejecutaban la obra, la supervisaban externamente. Después de la elección, cuando sabían que la ejecución nos tocaría a nosotros, contrataron con dolo obras sin supervisión. Esto no solo demuestra irregularidades, sino también una intención política de complicar el inicio de nuestro gobierno”, afirmó.
Bienes faltantes y más irregularidades
Además de los pagos indebidos y las contrataciones irregulares, el gobierno de Mercado detectó irregularidades en la entrega de bienes que estaban bajo resguardo de funcionarios de la administración anterior y que no fueron entregados al nuevo gobierno. También se encontraron procesos administrativos realizados de manera irregular, con funcionarios ejerciendo atribuciones que no les correspondían.
“Estamos hablando de diferentes irregularidades, desde el incumplimiento de disposiciones legales hasta la omisión de responsabilidades. Todo esto está siendo revisado por la Contraloría y la Fiscalía”, señaló el alcalde.
La denuncia no es persecución política
Ante posibles señalamientos de que estas acciones constituyen una persecución política contra el gobierno anterior, Mercado rechazó esa interpretación y explicó que, por ley, los funcionarios públicos están obligados a denunciar cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento, ya que de lo contrario podrían incurrir en el delito de omisión y ser corresponsables.
“La mayoría de los hechos que estamos denunciando ocurrieron en 2024, lo que significa que nuestra administración tuvo que cerrar muchos de esos procedimientos administrativos. Esto es una forma de deslindar cualquier responsabilidad y permitir que la Contraloría y la Fiscalía aclaren los hechos”, enfatizó.
Daño patrimonial aún no cuantificado en su totalidad
Si bien el alcalde destacó que la irregularidad más evidente hasta el momento es el faltante de 24 millones de pesos, advirtió que el daño patrimonial podría ser mayor, ya que aún hay procedimientos en revisión.
“Es difícil calcular el daño total porque cada irregularidad tiene características diferentes. En el caso de las clausuras, por ejemplo, cada sanción es distinta dependiendo de si se trató de una construcción ilegal, una obra sin medidas de seguridad o un negocio de giro negro. Lo que es claro es que, en muchos casos, el dinero que debió ingresar a la alcaldía simplemente no está”, concluyó Mercado.
El alcalde aseguró que su administración continuará investigando y que, si se encuentran más anomalías, se interpondrán nuevas denuncias para que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.