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El Partido Acción Nacional en el Congreso capitalino busca poner un alto a la tortura cometida por servidores públicos en los centros de detención incrementando las penas —que actualmente son de 3 a 12 años de prisión— a un rango de 5 a 20 años con el fin de erradicar esta práctica y garantizar los derechos de las personas que se encuentran recluidas.
La diputada Olivia Gaza, quien propuso la iniciativa, reveló que, durante el último sexenio, del 2021 al 2024, la Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió 12 Recomendaciones por actos de tortura que incluyen más de 100 casos de tortura cometidos por “servidores públicos del Gobierno del Bienestar” (la Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad y el Sistema Penitenciario).
“Son más de 100 personas a las que las autoridades del Gobierno les infligió dolor y daño físico o psicológico. Estos números son lamentables, tristes y silenciosos. Silenciosos porque se cometen en los centros de detención de la Policía capitalina, de la Fiscalía, en los reclusorios, en los centros de reinserción social.
La legisladora destacó que estos actos son a la vista de autoridades y funcionarios que deciden “ser tapaderas y cómplices de actos tan aberrantes como el torturar”.
Precisó que, de las 12 Recomendaciones, tres de ellas no han sido aceptadas porque “no son reconocidas como actos de tortura” por las autoridades implicadas.
“Los derechos humanos no se regatean ni se debaten, los derechos humanos se respetan, se cumplen y se garantizan, algo que en toda la historia de los gobiernos en la Ciudad no se ha podido hacer”, dijo.
Se requiere medidas que busquen disminuir o acabar con el uso excesivo de la fuerza o con instrumentos que conlleven la tortura a las personas que se encuentran en los centros de detención.
Olivia Garza precisó que es necesario que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México agregue el rubro de “Tortura” a su incidencia delictiva porque de no hacerlo “es como si no existiera y sí existe”.