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Con la integración de más delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa se agravará la corrupción, negligencias y delitos dentro de los penales federales y estatales, sumado al recorte presupuestal que ha sufrido el Sistema Penitenciario en el último sexenio, así lo detalló a Crónica David Saucedo, experto en seguridad y analista político.
Durante el último sexenio, el presupuesto destinado a los Centros Penitenciarios a nivel federal disminuyó paulatinamente, con una reducción del 16 por ciento del 2022 al 2023, según el último reporte del INEGI. Previo al inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el dinero destinado a las cárceles federales y estatales mostraba un incremento constante, sin embargo, a partir del 2019, la suma ejercida a la reinserción social tuvo caídas de más de seis millones de pesos, con leves recuperaciones.
Al mismo tiempo, en los Centros Penitenciarios de todo el país incrementó el número de personas privadas de la libertad, de 196 mil 322 en 2018, a 233 mil 277 hasta el 2023, aunque los programas destinados a la reinserción social no exhibieron grandes avances o modificaciones que auxiliaran a la mayoría de la población que se encuentra tras las rejas.
En 2023, del total de población privada de la libertad sin sentencia, 44.3 por ciento estaba en prisión preventiva oficiosa, mientras que 32.5 por ciento en prisión preventiva justificada, y del total, cuatro de cada 10 no tienen condena; es decir, a los primeros se les encarceló de manera automática con determinados delitos considerados como graves, sin la necesidad de que se aporten previamente datos de prueba a la carpeta de investigación o sentencia, mientras que a los segundos se les privó de la libertad por riesgo a que se fugaran mientras se realizaban las indagatorias.
Hacia ello, David Saucedo advirtió que las negligencias dentro de las cárceles podrían aumentar con la implementación de la prisión preventiva oficiosa extendida para los delitos de extorsión, producción, importación y exportación de drogas sintéticas como el fentanilo, el contrabando, dado que el Estado no ha logrado que las células criminales dejen de controlar dichos centros, por lo que se necesitaría un nuevo sistema penitenciario.
“Nuestro sistema penitenciario en México es sumamente corrupto y con muchas deficiencias, es similar al de América Latina, que no contiene a los criminales y que se convierten en las universidades del crimen. El expresidente Andrés Manuel canceló las concesiones con el sector privado para el manejo de penales, la reducción en el presupuesto se debe a que se dejó de pagar a empresas que estaba cobrando cuotas excesivas por cada persona que tenían internada en los centros penitenciarios”.
“La reducción en el presupuesto afecta en la calidad de los servicios penitenciarios, tenemos auto gobiernos en varios penales, es decir, los criminales tienen el control de la vida interna y tiene varias décadas que en México no se ha podido corregir. Los grupos del crimen organizado suelen tener el control, incluso cometiendo eventos de alto impacto entre los mismos, que van desde homicidios hasta masacres, las prisiones de alta seguridad se convierten en prisiones de impunidad para narcotraficantes de alto perfil, tenemos un problema de sobrepoblación penitenciara que por supuesto se va a agravar con las modificaciones a la prisión preventiva oficiosa, pero eso lo hacen con el objetivo de que el nuevo zar en seguridad, Omar García Harfuch, pueda poner a disposición de las autoridades a criminales y tenerlos en custodia mientras se resuelve su situación legal”.
Aumento en personas privadas de su libertad
Al cierre de 2023, había 233 mil 277 personas privadas de la libertad / internadas en los centros penitenciarios y centros especializados (232 003 eran adultas y mil 274, adolescentes). Además, 94.3 por ciento correspondió a hombres y 5.7 por ciento, a mujeres. Al comparar con 2022, la cifra de personas privadas de la libertad aumentó 3.2 por ciento.
Sumado a la poca capacidad de la infraestructura que tienen las cáceles, el especialista denuncia que las organizaciones delictivas se benefician con el fenómeno de la “puerta giratoria”, cuando los jueces benefician en las audiencias a líderes de células delictivas al no señalarlos conforme a las sanciones por los delitos cometidos, aunado a la ineficiencia de los Ministerios Públicos al integrar las carpetas de investigación, sin embargo, expone que es prematuro asegurar que dicha problemática su solucionará con la elección de juzgadores por medio de voto popular.
“En México casi todos los narcotraficantes de alto perfil, con excepción del “Mencho” y del “Mayo Zambada” estuvieron en prisión y fueron puestos en libertad. No solo tenemos un problema en el Sistema Penitenciario, si no en el Poder Judicial, con jueces y magistrados que actúan de acuerdo con los intereses del narco. No estoy seguro de que la reforma tenga un impacto positivo, los creadores de la reforma la implementaron para evitar esta circunstancia; tendríamos que observar la lista final para verificar si los jueces que en el pasado dejaron el libertad a delincuentes de alto poder quedaron fuera del Poder Judicial”.
CDMX de las primeras entidades con más reincidencia delictiva
La Ciudad de México ocupa la cuarta posición en delitos cometidos por las personas egresadas de los centros penitenciarios, con nueve mil 479 en el 2022, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023; con el 40 por ciento de reincidencia delictiva de criminales, sumado a los pocos programas dedicados a la reinserción social, privilegios ilegales para reos como el uso de dispositivos móviles en las cárceles capitalinas y a nivel federal.
En redes sociales como TikTok y Facebook, reclusos postean la manera en la que extorsionan, conviven, beben bebidas alcohólicas, ilegalidades aparentemente solapadas por los custodios.
También, en redes sociales un interno del Reclusorio Norte escribe: “me presento, soy Néstor Rogelio Sánchez, mientras tenga el apoyo de comandantes y el director sólo ocupamos un celular y dinero para hacer lo que queramos, ya vieron que sigo rifando”; acompañado de fotografías dentro del penal.
Otro postea: “Alguna bella dama para visitar a un chavo de 29 años en el Reclusorio Oriente”; “saludos desde el lejano oriente”; escribe otro preso con una fotografía dentro de una celda.
En el 2024, el Gobierno de la Ciudad de México clasificó como reservada la información relacionada con la cantidad de celulares decomisados en los penales capitalinos durante el último sexenio, específicamente el número de teléfonos celulares y chips decomisados, en qué reclusorios se realizaron las incautaciones y qué hicieron con los aparatos decomisados, todo en un lapso de los últimos seis años.
A finales de 2005, el Gobierno capitalino instaló bloqueadores de señal telefónica en los centros de reclusión locales con el objetivo de inhibir las llamadas de los reos, tiempo en el que las autoridades estimaban que había unos mil 500 celulares al interior de los penales.
Crece el número de teléfonos decomisados en cárceles
En marzo del 2024, la policía capitalina reportó el aseguramiento de seis mil teléfonos celulares y 269 SIMs en poco más de dos años, lo que buscaba evitar la comunicación ilegal desde las prisiones, utilizando métodos como la Unidad Canina (K9) del Sistema Penitenciario para detectar dispositivos, no obstante, no se especificó la manera en la que esos aparatos ingresaron a los reclusorios ni por qué los métodos de búsqueda fueron implementados en las entradas de las cárceles para evitar que los celulares llegaran a las manos de las personas privadas de la libertad.
Tan solo en 2021, las autoridades penitenciarias decomisaron dos mil 839 celulares, lo que no solo duplicó el número de aparatos que había en 2005, sino lo superó pues los cateos continuaron sin que hasta el momento hayan podido evitar el ingreso de los teléfonos. Aunque el Gobierno del exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, invirtió 25 millones de pesos en dispositivos inhibidores de señal, se desconoce si actualmente funcionan correctamente, pues no se detuvo el ingreso de celulares a los penales.
En cuanto a dichas actividades ilícitas, Saucedo afirmó: “las antenas no funcionan o las apagan los encargados del penal, la tecnología no falla, quienes fallan son los encargados de operarla, se resolvería auditando las antenas que tendrían que funcionar en cada penal, pero no es el caso porque en redes sociales se pueden observar videos grabados por presos y eso sucede porque la custodia penitenciaria está corrompida por algún grupo criminal”.
En relación con “la puerta giratoria”, cuando delincuentes entran y salen varias veces de los penales, sin que los actuales programas de reinserción social favorezcan a su conducta al abandonar la cárcel, pues la policía detiene todos los días a personas que mantienen varios ingresos al sistema penitenciario, en ocasiones, hasta cinco. Es el caso de Hugo “N”, alias “El Huguito”, quien desde los 16 años, tuvo su primer arresto por robo a transeúnte y poco tiempo después, nuevamente fue aprehendido; sin embargo, las autoridades nunca pudieron encarcelarlo, lo que le permitió escalar rápidamente en la organización que nació en el barrio de Tepito; el Instituto de Reinserción Social no logró consecuencias favorables en su incorporación a la sociedad.
También, Sergio Ivan “N”, alias “El Monstruo de la Unión”, relacionado a delitos como cobro de derecho de piso, extorsión, venta y distribución de droga y desaparición, no existieron los elementos suficientes para mantenerlo preso. Igualmente, David Omar “N”, alias “El Piwi”, de esa misma célula, acusado de homicidio, cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en los años 2020 y 2021 por delitos contra la salud y en el 2011 por robo agravado, asimismo, tiene dos presentaciones ante el Ministerio Público en 2020 por extorsión y posesión de droga, sin que la reinserción social haya influido en su comportamiento.