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En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México (OPPMEM) enfatizó la necesidad de visibilizar y combatir la violencia política de género, un fenómeno que sigue afectando a candidatas y funcionarias en la entidad.
Amalia Pulido Gómez, presidenta del OPPMEM y consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), señaló que el incremento de la participación femenina en la vida pública ha traído consigo un aumento en las agresiones en su contra. “Lo que no se puede permitir es que la violencia sea un costo que las mujeres deban pagar por ejercer sus derechos. Por ello es necesario decir: ‘Ni una Menos’”, afirmó.
Durante la Conferencia Magistral Entre la Violencia de Género y la Violencia Política. Experiencias de Candidatas en el Proceso Electoral Municipal 2020-2021, impartida por Céline González Schont, académica del CIDE, Pulido Gómez advirtió que los mecanismos de protección y denuncia siguen siendo inaccesibles para muchas mujeres, lo que perpetúa la impunidad. En ese sentido, recordó que el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género pasó de 253 casos en 2022 a 452 en la actualidad.
Por su parte, González Schont expuso que la violencia política de género se manifiesta tanto durante las campañas como en el ejercicio del cargo, principalmente a través de agresiones psicológicas, violencia económica y exclusión en la toma de decisiones. Según su estudio basado en encuestas a candidatas, el 70 por ciento de las participantes reportó haber recibido insultos y ofensas, mientras que el 40 por ciento de síndicas y regidoras consideró que no tenía la experiencia suficiente para ocupar sus cargos, una percepción alimentada por un entorno hostil.
El análisis también reveló que las mujeres perciben recibir menos recursos que sus compañeros varones para sus campañas y, en algunos casos, han sido objeto de violencia sexual mediante insinuaciones sobre su cuerpo. Además, identificó que los principales agresores suelen ser integrantes de sus propios partidos políticos o de fuerzas opositoras.
Las conclusiones del evento apuntaron a la necesidad de fortalecer las redes de apoyo, exigir mayor compromiso institucional y aplicar políticas sustantivas para modificar las estructuras de desigualdad en el ámbito político.
Representantes del Tribunal Electoral del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos mexiquense y diversas instancias gubernamentales participaron en la conferencia, reiterando la urgencia de erradicar estas formas de violencia para garantizar una democracia paritaria e incluyente.