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El Poder Judicial de la Ciudad de México y el trabajo con la Fiscalía capitalina, así como las indagatorias y líneas de investigación que se realizan dentro de las instituciones de la procuración de justicia no desembocaron en finales de éxito para varias víctimas de agresiones, violencia a la intimidad y abuso sexual en la metrópoli.
Con recortes al presupuesto, jueces que a su parecer no actuaron con perspectiva de género y fiscales que violentaron a las víctimas, decenas de personas del sexo femenino no tienen alternativas para que sus casos sean sometidos a procesos que busquen la verdad, la reparación del daño y el castigo para los agresores.
Instituciones capitalinas celebran avances en técnicas y estrategias que les faciliten el acceso de los derechos, sin embargo, en los últimos meses, otros organismos autónomos, como el Poder Judicial y la Fiscalía, ambos de la Ciudad de México, no las han favorecido, aún con carpetas de investigación que acreditan que ocurrió el delito.
Diego “N”, creador de imágenes pornográficas absuelto
Uno de los casos es el de las ocho alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Plantel Santo Tomás, cuyo camino para la justicia y castigo al responsable de alterar miles de fotografías en las que parecían estar desnudas, no tuvo un término que las favoreciera. De acuerdo con el juez Francisco Salazar Silva, no hay evidencia de que Diego “N” haya cometido el ilícito, ya que nadie lo observó en el momento que modificó las imágenes. Aunque el Congreso capitalino, colectivos y activistas reclamaron al juzgador de invalidar las pruebas que imputaban al agresor, como la existencia de las fotos en su iPad, esa autoridad ya había sido señalado por otorgar penas mínimas a violentadores sexuales.
En noviembre de 2024, Salazar Silva dictó la menor de las penas a Miguel Ángel “N”, quien privó de la libertad por más de 21 días e intentó asfixiar a Fabiola Posadas; asimismo, el juez consideró que no era necesaria que le otorgara una disculpa pública a la víctima, ni que tenía que acudir a cursos en contra de la violencia hacia las mujeres.
Hacia ello, la abogada de las víctimas del IPN, Valeria Martínez, considera que no basta que el PJ se nombre como institución a favor de las mujeres, cuando fiscales y jueces ignoran los protocolos para actuar con perspectiva de género.
“El Consejo de la Judicatura Federal ha detectado que las personas que imparten justicia ya se saben los numerales y únicamente citan los tratados de los cursos que están obligados a tomar pero no lo aplican. Es lo que pasó con Francisco Salazar, no por citarlos se va a juzgar con perspectiva de género, el problema no es la falta de capacitación, si no la intención de las personas”.
“La Suprema Corte lo llama Formalismo Mágico, que no basta con citar ciertos tratados o jurisprudencia para actuar con perspectiva de género”.
Al cuestionarla si someter a elección popular el cargo de jueces resolvería las deficiencias del PJ respondió: “si las elecciones se basan en el currículum, podría ayudar mucho. Con el Comité De Evaluación sería mejor porque los jueces que no apliquen los criterios que no apliquen los protocolos en contra de la violencia de género, podría iniciar un juicio y una evaluación, pero no se podrá cambiar de fondo si elegimos a personas no capacitadas o que están renuentes a aplicarla”.
Recortes al presupuesto en pruebas periciales en casos de violencia hacia las mujeres
De acuerdo con especialistas, el grueso de las carpetas de investigación en casos de violencia hacia las mujeres son desestimadas por jueces se debe a la falta de datos de prueba sólidos, los cuales no pueden ser avalados por la falta de recursos en laboratorios.
Como es el caso de Miguel “N”, el feminicida de Iztacalco”, cuando en abril del 2024, cuando el juez lo vinculó a proceso por secuestro por la muerte de Amairany, fijó seis meses para que se añadieran más pruebas a la carpeta de investigación, sin embargo, hasta casi un año después la Fiscalía entregó el informe de los restos que se hallaron en el departamento, lo que impidió que se le acusara por desaparición y feminicidio.
La entrega de dicho peritaje permitiría reclasificar del delito a feminicidio, pero, acusan, las negligencias no permiten que Miguel sea señalado por los asesinatos.
Y así por otra víctima, Viviana, que por las omisiones en los datos de prueba, advirtieron que a Miguel no podrá ser vinculado a proceso por el delito de desaparición y feminicidio, ante lo débil que quedará la carpeta de investigación.
En datos obtenidos vía transparencia, se identificó que desde el 2018 al 2024, la Fiscalía disminuyó paulatinamente la inyección económica hacia servicios periciales, Banco de ADN y pruebas periciales, aunque algunos de estos rubros se encuentran en blanco y otros, de los cuales, el personal tiene más quejas, como gastos de gasolina, la institución no respondió.
En 2018, la institución reportó una suma de 399 millones 503 mil, 520 pesos en el rubro análisis y estudios de las pruebas periciales, mientras que en 2023, únicamente se registró el monto de 35 millones 607 mil 984 pesos, es decir, más de 363 millones menos pesos utilizados para el estudio de indagatorias en crímenes. En la tabla exhibida por la Fiscalía, algunos conceptos como servicios personales y bienes e inmuebles intangibles, están reservados.
Lo mismo sucede con el presupuesto para la operación del banco de ADN, el cual, en el 2020, sí se se exponen todos los rubros, con un total de 73 millones 797 mil 482 pesos, pero en el 2021, la institución disminuyó el presupuesto a 19 millones 99 mil 578 y para 2022, el recurso fue menor, de nueve millones 417 mil 156 pesos; desde su creación, hasta la última cifra reportada, el dinero que se otorgó bajó más de 64 millones, aunque también, conceptos como servicios generales, están ocultos en algunos años.
Por lo tanto, los trabajadores periciales expusieron a Crónica que es inútil que se elijan por voto popular a las personas juzgadoras, cuando no son dotados de elementos sólidos en las carpetas de investigación que revisarán, pues varios de los análisis que se exponen en las indagatorias tuvieron que ser realizados al azar, por ejemplo, al examinar diversas dosis de droga en un delito, el perito solamente inspeccionó una porción del narcótico por falta de materiales y en consecuencia, se determina que todas las sustancias son ilegales y así se registra en la carpeta, sin averiguaciones completas.
Revictimización a las hijas de Mariel Albarrán
Las carencias en la procuración de justicia también atormentan a los niños y niñas, Mariel Albarrán, madre de dos mujeres menores de edad abusadas sexualmente por su padre, un exmagistrado, denuncia que en la Fiscalía capitalina, los procesos para entrevistar a niños abusados son denigrantes, donde los infantes, lejanos a ser sometidos procedimientos que protejan su cuerpo y entrevistas que documenten lo vivido, la atención es mínima, en la que aún con pruebas, exámenes médicos y testimonios que avalan el abuso, las carpetas de investigación no avanzan.
“Hay obstáculos desde la procuración de justicia, no hay especialistas, tenemos una Fiscalía que no tiene especialistas de violencia sexual infantil, sin pediatras revisando a niñas y niños; tampoco paidopsicólogos, solamente ginecólogos que revisan igual a un adulto que a un niño. Carecen de peritos especializados en violencia sexual infantil, no saben cómo entrevistarlos; tenemos animales en la Fiscalía que se atreven a preguntarle a los niños ¿Te gustó?”, dijo Mariel.
El Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) de la Fiscalía capitalina ofrece máximo 20 sesiones a niños y 45 minutos de entrevista para iniciar la carpeta de investigación, tiempo que las autoridades consideran que es el óptimo para superar el trauma.
Aunque desde el 2024, en la Ciudad de México se aprobó la no prescripción de delitos sexuales en contra de menores, Albarrán considera que es ineficaz o fallido, cuando el Poder Judicial que según sus vivencias, obligan a los afectados a convivir con sus agresores, lo que provoca que los cinco millones de niños agredidos al año, no obtengan justicia.