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El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, presentó al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que busca ordenar el desarrollo inmobiliario y sancionar a quienes dañen el medio ambiente y talen árboles de manera ilegal con el fin de construir.
Por lo que la iniciativa plantea sanciones como el veto de cinco años a quien tale árboles, tanto al interior como al exterior de los predios, en los que se pretenda edificar alguna obra. El alcalde destacó que esta iniciativa busca generar orden y seguridad no solo en Benito Juárez, sino en toda la ciudad.
Mendoza detalló que en ocasiones, de madrugada, las constructoras se encargan de talar árboles de manera ilegal, “últimamente los arbustos o arbolitos van desapareciendo, ya sea adentro o afuera e los predios”, dijo.
Se trata de una actividad se ha vuelto una mala práctica, que, además de afectar al medioambiente, ha desencadenado la construcción desmedida de nuevas obras.
“Con esta iniciativa quiero darle un veto al inmueble, al predio, durante cinco años para que no se pueda lucrar ni construir nada ahí porque talaron un árbol, sea quien haya sido, porque con eso vamos a ayudar a que los vecinos cuidemos el ambiente”, expuso el alcalde.
Busca crear un censo de arbolado
El edil también reveló que durante su administración pretende realizar un censo de arbolado para tener un mayor control de los árboles que existen en la demarcación; dio a conocer que cada ejemplar contará con un código QR para que la ciudadanía pueda escanear y conocer sus características y en qué condiciones está.
Busca que el Gobierno CDMX se encargue de tramites en materia de construcción
El coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, Andrés Atayde, destacó la relevancia de la propuesta, pues, además de incorporar medidas contundentes para frenar la tala ilegal de árboles, establece con claridad las responsabilidades de las autoridades en materia de construcción.
“Lo que busca esta iniciativa es dejar claro quién es el responsable en materia de construcción en la Ciudad de México”, enfatizó Atayde.
La propuesta busca que las alcaldías solamente se encarguen de recibir y revisar la documentación que acompañe los respectivos registros de obra y que sea el Gobierno central quien gestione y revise todo el proceso, evitando que se generen casos de corrupción entre autoridades y desarrolladores inmobiliarios, que terminan afectando la calidad de vida de los vecinos.
Luis Mendoza precisó que lo que busca es el apoyo del Gobierno capitalino para que se haga cargo del tema jurídico de las construcciones y dejó claro que no se trata de no deslindarse de responsabilidades, pero reconoció que el Gobierno cuenta con la logística, las herramientas necesarias para hacerlo.
“No vengo a aventar el balón, al contrario, vengo a asumir la responsabilidad, en la cual yo le pido ayuda al Gobierno de la Ciudad; donde toquen esas atribuciones que tiene en materia de construcciones, porque en verdad las alcaldías tienen pocas”, destacó.