Acoso laboral, discriminación y violencia de género en la Dirección General de Derechos Humanos de la FGJCDMX

Gisela Barrón trabajó durante cinco años en la Dirección General de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) como subdirectora del organismo; sin embargo, narra que señalar a presuntos agresores vinculados a puestos de poder y ser mujer dentro de la institución la hizo objeto de ataques, marginación e intentos de ser golpeada por funcionarios que están colocados en puestos directivos que aparentemente velan por el cuidado y rehabilitación de las víctimas que han sufrido violencia.

"Federico Vera, quien es el director de área del enlace B de la Dirección General de Derechos Humanos, me quitó la plaza de atención a víctimas cuando defendí el caso de Mariel Albarrán, la exesposa del magistrado que presuntamente abusó de sus hijas menores; dije que él era imputable y me dijeron que yo no era la asesora de ella ni de las niñas. Me enviaron al área de Amparos Laborales y Administrativos, a un área en la que no puedo ejercer, es un acto de corrupción porque firmaba documentos por los que me podrían acusar por uso indebido de funciones; todo el tiempo he sido víctima de acoso, me quejé y Vera salió de su oficina, me gritó frente a los trabajadores, dijo que no iba a hacer lo que yo quiera, me humilló, levantó los puños y me iba a golpear".

"Fui con Carlos Frausto, el titular del área, y solamente me movió de puesto, no lo destituyó a él, levanté una denuncia en servidores públicos, pero no ha pasado nada ni ha sido destituido a pesar de las pruebas; le notifiqué a Ernestina Godoy, pero no hizo nada, los encubre".

Revictimización hacia los trabajadores agredidos

La extrabajadora se ha pronunciado en las distintas reuniones para exhibir las aparentes malas conductas de la FGJCDMX, ya que en repetidas ocasiones durante su gestión, fue discriminada por intentar velar por la justicia y el buen manejo de las carpetas de investigación, hecho que la llevó a ser removida de sus funciones y colocada en cargos en los que no estaba capacitada y la podía hacer acreedora a un proceso legal en su contra. 

Sumado a que la denuncia que presentó por las agresiones que sufrió mantienen señalamientos de un juez que anunció que el posible agresor tenía que ser destituido, Gisela fue revictimizada, no recibió la atención ni canalización necesaria y solamente fue desplazada con la finalidad de que los constantes abusos la llevaran a renunciar a la institución y que su atacante quedara impune.

“Cuando le expliqué a Frausto los gritos, insultos y el intento que tuvo Vera de golpearme, me movió de área a Seguimiento y Recomendaciones, después a Amparos en materia penal, en donde estuve un día y me pasaron a Amparos administrativos, ahí la subdirectora me sometió a jornadas inhumanas, tenía que llegar a las siete de la mañana, trabajar más de 12 horas, sin salidas a comer. Metí un amparo y el hostigamiento fue peor, Frausto y Vera forman parte de los representantes legales de Ernestina y ella, al hablar de derechos humanos, tiene personal que violenta en su equipo de trabajo”.

“Al moverme de área me hicieron caer en actos de corrupción porque firmaba documentación en Amparos administrativos, además violaron mi derecho de ser capacitada para realizar un trabajo; cuando le expliqué a Frausto que mi perfil era en materia penal y administrativa, solamente me dijo que no lo condicionara y por proteger a su amigo no lo cesó”.

Órdenes de un juez son ignoradas

El juez de amparo, al ver las infracciones en contra de Gisela, ordenó que se iniciaran las investigaciones por el delito, que esta vez fue en contra de Federico Vera por tortura, además de actos inhumanos y vejaciones.

"Cuando estuve en el área de delitos sexuales, defendí el caso de la señora Mariel, revisé su carpeta de investigación y cometí el error de decir que el magistrado podía ser acusado, me acusaron y Frausto me dijo que ya no era la asesora de víctimas y me puso a cargo de una jefatura de unidad, un puesto más abajo para que ya no interviniera en las reuniones con las víctimas, me congeló. Como servidora pública estoy obligada a proteger los derechos de las víctimas y señalé al funcionario porque tengo conocimiento en la materia".

El Instituto Mexicano del seguro Social define al "mobbing" o acoso laboral como el abuso psicológico es un tipo de maltrato verbal o modal que de manera crónica y frecuente que recibe un trabajador por parte de otro (compañeros), mismos que, mediante conductas hostiles, tratan de provocar la salida de la víctima de la institución y/o aniquilarlo psicológicamente.

Al continuar como objeto de comentarios misóginos y machistas, el punto más álgido de las confrontaciones tuvo lugar cuando presuntamente Federico Vera intentó golpear a Gisela, lo que la llevó a iniciar una denuncia en la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por servidores públicos, carpeta de investigación que según la afectada, no ha tenido la atención necesaria, pues las personas que laboran en el sector de atención a víctimas son personas allegadas a los agresores.

Procesos parciales hacia las víctimas

No obstante, al ser abogada conoce que su caso tiene la posibilidad de ejercer acción penal, pues la Ley General de Víctimas explica que hay otro tipo de medidas para reparar el daño, además de que no requiere ninguna valoración para comprobar que fue objeto de infracciones realizadas por servidores públicos. Sin embargo, dicha información no se la proporcionó la FGJCDMX, lo que hace vulnerable a las personas que acuden a denunciar y no conocen las estipulaciones de las Leyes.

"Me canalizaron al centro de víctimas pero no quiero ir aunque fui asesora, porque la directora general es Nayeli Ortiz, amiga de Frausto, entonces me van a decir que no tengo ningún daño psicológico, acudiré con un perito particular para que ellos emitan el dictamen a la Fiscalía, la Ley General de Víctimas también dice que ellos tienen que emitir una disculpa pública".

"Cuando Federico Vera me intentó golpear, estaban presentes una líder coordinador y un subdirector de área, me dijo: 'tú muchacha, no me vas a decir qué hacer, levantó los puños y me iba a pegar' incluso me apoyaron como testigos. Tuve que renunciar a mi cargo porque en manera de venganza me podían acusar de que estaba haciendo mal uso de mis funciones por estar en un trabajo que no me corresponde, ¿Qué hacía en Amparos laborales la subdirectora de Derechos Humanos?".

Actualmente la Ley Federal del Trabajo, en el Capítulo III Bis, expone que todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, conforme a los planes y programas formulados.

"La obligación de Frausto era remover a Vera y lo que obliga el amparo es que a mí, al trasladarme de área, tenía que evaluar mi perfil para reasignarme en otro sitio y no continuar con el hostigamiento del que fui víctima. Lo hizo a propósito, porque Frausto me dijo 'busca otro lugar o me presentas tu renuncia', es un acto de arbitrariedad, no hay ninguna sanción hacia ellos, incluso le envié un mensaje a Ernestina y me ignoró".

Aunque el juez de amparo anunció que los funcionarios señalados de agredir a Gisela tenían que ser destituidos, la mujer tuvo que renunciar debido al miedo que tuvo de que el sector de órganos internos la acusara de corrupción al desempeñarse en un trabajo para el que no se encontraba capacitada.

"El maltrato me llevó a salir de la Fiscalía, en forma de venganza me podrían someter a un proceso por firmar archivos que no me correspondían, Frausto continúa diciendo que él no me volvió a ver, pero no expone que el acoso me llevó a enfermarme y a que mi cuerpo se afectara muchísimo, algo que también puedo comprobar y anexaré a la carpeta de investigación. Espero que mi salida de la Fiscalía sirva para que todas las personas que son víctimas de abusos no vuelvan a ser violentadas".