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En un mensaje durante una asamblea informativa en la colonia Cabeza de Juárez III, la alcaldesa electa de Iztapalapa, Aleida Alavez, expresó que la oposición está "cavando su propia tumba" al manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Según Alavez, el bloque conservador se encuentra desesperado tras la derrota electoral del 2 de junio, y la reforma representa un paso crucial para democratizar el sistema judicial en todo el país.
La futura alcaldesa destacó que la reforma permitirá abrir a la participación ciudadana un poder del Estado que, hasta ahora, ha permanecido cerrado al pueblo. “Es un gran avance en el desmontaje de las viejas estructuras políticas que repartían puestos y cargos públicos desde el poder”, afirmó, quien también subrayó que modificar la Constitución en este sentido es respetar el mandato del pueblo, otorgado a Morena y sus aliados para acabar con las injusticias perpetuadas desde el Poder Judicial.
También ejemplificó la necesidad de la reforma con casos recientes, como la liberación del exgobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho y señalado por su presunta vinculación en una red de pedofilia. Además mencionó el caso del exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, autor intelectual de la agresión a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien estuvo a punto de abandonar la prisión debido a la corrupción en sectores del Poder Judicial.
Alavez también criticó los supuestos privilegios económicos y laborales de jueces, ministros y magistrados, quienes perciben sueldos que superan los 300 mil pesos mensuales y gozan de fideicomisos multimillonarios para mantener prestaciones de por vida. Reiteró que, en las elecciones pasadas, el pueblo demandó que los integrantes del Poder Judicial sean elegidos a través de procesos democráticos, asegurando que la reforma no atentará contra los derechos laborales de los trabajadores judiciales.
Finalmente, Alavez puntualizó que la reforma también beneficiará a empresarios nacionales y extranjeros, al fortalecer el estado de derecho y erradicar la corrupción, el nepotismo y el privilegio. “Lo que queremos hacer es eliminar las tapaderas de corrupción e impunidad, porque ya basta de que sólo quien puede pagar por la justicia pueda acceder a este derecho”, concluyó.
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