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Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino aprobó la aplicación de una pena de 8 a 12 años de prisión y multas de 300 a 700 veces la unidad de medida y actualización vigente para aquellos que ejerzan “violencia ácida”, es decir, que causen daño a la integridad física o salud mediante sustancias químicas o corrosivas.
El dictamen para reformar, derogar y adicionar disposiciones clave en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México (LAMVLV) y el Código Penal para el Distrito Federal, tiene como objetivo combatir la creciente problemática de la “violencia ácida” contra las mujeres.
La propuesta surge como resultado del trabajo conjunto en eventos como el foro “Ley Malena: no más violencia ácida” y la valiosa información proporcionada por activistas, organizaciones e instituciones, incluyendo la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos.
La reforma a la LAMVLV establece la regulación de la “violencia ácida” como una forma específica de agresión hacia las mujeres. Esta forma de violencia implica ataques con sustancias químicas o corrosivas, buscando causar daño mediante lesiones temporales o permanentes, internas o externas, que podrían resultar en discapacidad o incluso poner en peligro la vida de las víctimas.
Además, se propone que las instituciones pertinentes desarrollen programas para apoyar a las víctimas y establezcan protocolos, registros, estadísticas y lineamientos precisos para abordar casos de violencia ácida de manera efectiva.
En cuanto a la reforma al Código Penal local, se contempla la adición de un capítulo específico para tipificar la conducta conocida como “violencia ácida”.
Es importante destacar que estas penas se incrementarán en una mitad en casos de deformidad facial, daño a órganos o cuando la víctima sea un niño, niña, adolescente o persona con discapacidad. Además, si el daño físico es permanente, llegando a afectar los órganos reproductores sexuales, la conducta será considerada feminicidio en grado de tentativa.
La legisladora Marcela Fuente Castillo, promotora de esta reforma, afirmó que se busca que estos ataques sean considerados como un tipo penal específico debido a la gravedad simbólica, física y emocional que conllevan. Se reconoció el aporte de activistas y organizaciones, especialmente el trabajo de María Elena Ríos Ortiz.
Aunque la diputada Gabriela Quiroga Anguiano resaltó la importancia de la reforma, señaló la necesidad de implementar un registro y control sobre la compra de sustancias utilizadas en estos actos violentos, un tema que aborda una iniciativa actualmente en comisiones.
Por otra parte, la congresista Nancy Marlene Núñez enfatizó que esta reforma es parte de un esfuerzo donde las mujeres y las colectivas desempeñan un papel fundamental. La legisladora María Guadalupe Morales Rubio hizo un llamado a la sensibilidad en ambas comisiones, reconociendo que esta lucha también involucra a los hombres.
La diversidad de opiniones en el Congreso fue evidente, con la diputada Ana Jocelyn Villagrán destacando la dificultad de la experiencia de las mujeres que buscan justicia y la diputada Mónica Fernández César subrayando la importancia de seguir apoyando a las mujeres y niñas violentadas desde el ámbito legal.
El legislador Jorge Gaviño Ambriz felicitó a las diputadas promoventes, señalando que este dictamen exige a los juzgadores tener un método más preciso para calificar estos delitos.
Finalmente, el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, resaltó la importancia de participar en foros que profundizan en la complejidad del tema y reconoció la labor de los equipos técnicos, activistas y el Congreso en la creación de un marco normativo pertinente.
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