Arena mediática no puede ser espacio donde se juegue el acceso a la justicia de la mujeres víctimas de violencia

En el reciente Foro “Revictimización Mediática”, Nashieli Ramírez, Ombudsperson capitalina, profundizó en la impactante realidad de la violencia de género y su intrincada relación con la victimización secundaria, presente de manera exacerbada en ámbitos institucionales, laborales, familiares, sociales y mediáticos.

Durante su participación en el evento convocado por Marisol García Segura, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ramírez Hernández resaltó que la correlación de fuerzas en juego afecta a las víctimas de manera variable, dependiendo de factores como las redes de apoyo disponibles, la posición socioeconómica, el acceso a la defensa legal y el apoyo psicosocial, así como la estructura emocional personal que contribuye a salvaguardar la salud en general, especialmente la salud mental.

Para ilustrar estas problemáticas estructurales, se compartió la experiencia de Vanessa Bauche, una destacada actriz que enfrentó violencia laboral y sexual en su ámbito de trabajo. Su caso sirvió como catalizador para denunciar las fallas sistémicas que impactan directamente en los derechos de las mujeres.

La Presidenta de la CDHCM subrayó la importancia de los medios de comunicación en la vida democrática, reconociendo la diversificación que ha multiplicado las opciones informativas. No obstante, advirtió sobre restricciones, como los discursos de odio, que afectan la protección a la libertad de expresión. También señaló cómo la exposición mediática de información sobre un proceso judicial puede comprometer el debido proceso y romper el equilibrio procesal que el Poder Judicial debe mantener.

En este contexto, se destacó el concepto de “infocracia” propuesto por el filósofo coreano Byung-Chul, que describe cómo la democracia se ve amenazada por el dominio de la información por encima de la verdad, degradando a las personas según la plusvalía derivada de la explotación de su información.

Para abordar estas problemáticas, se abogó por la necesidad de encontrar formas que desincentiven la difusión de la violencia en los escenarios públicos. Esto podría lograrse mediante la implementación de leyes de la más alta jerarquía, como sanciones penales o administrativas, el cumplimiento de obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos, y la regulación en el otorgamiento de concesiones.