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El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que, en coordinación con la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) dieron inicio a los trabajos de evaluación del Convenio General de Coordinación y Colaboración que ambas instituciones suscribieron para la reciente elección concurrente. El objetivo de este proceso es analizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, identificar casos de éxito y fortalecer la colaboración interinstitucional para futuros procesos electorales.
Durante una reunión celebrada en las instalaciones de la Junta Local del INE, representantes de ambos organismos definieron la metodología para la elaboración de un informe integral. Este informe, que se espera sea un documento clave para la mejora continua, incluirá un análisis de las buenas prácticas implementadas, así como la identificación de áreas de oportunidad. Además, se plantearán posibles modificaciones a la normativa electoral vigente, con el fin de simplificar los procedimientos y hacerlos más eficientes.
En las próximas semanas, se organizarán diversos grupos de trabajo para abordar al menos 32 temas contemplados en el Convenio. Entre estos temas destacan la organización de debates, la observación electoral, las candidaturas, la paridad de género y modalidades de voto como el anticipado, el de personas en prisión preventiva y el voto desde el extranjero. Estas discusiones serán fundamentales para proponer mejoras que beneficien la transparencia y la eficacia de los procesos electorales.
El IECM envió al INE una propuesta con temas que considera prioritarios para su revisión, valorando la necesidad de que cada área rectoral y coadyuvante participe activamente en la evaluación, conforme a sus atribuciones. En este proceso, la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del IECM, junto con las Vocalías Ejecutivas del INE, serán las encargadas de realizar la evaluación correspondiente.
Con las posibles modificaciones a la normatividad electoral, que surgirán de esta evaluación, se buscará optimizar la regulación de los procedimientos para asegurar su eficiencia y efectividad, en beneficio de la democracia y la participación ciudadana.
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