Aumenta penas por extorsión a comerciantes del Estado de México
De enero a septiembre de 2022 se efectuaron 3 mil 233 incidentes en contra de comerciantes de acuerdo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
Los servidores públicos que cometan esta acción podrían pasar hasta 20 años en prisión
Las personas que, a través de extorsiones, obliguen a comerciante mexiquenses a fijar precios por encima de los establecidos en el mercado, podrán recibir una pena de hasta 20 años de prisión, esto luego de la aprobación de las reformas que el Congreso del Estado de México realizo sobre el Código Penal estatal.
Las iniciativas aprobadas por el congreso local tienen como propósito poner fin a los delitos que atentan y limitan la libre actividad comercial dentro de la entidad mexiquense, pues de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tan solo de enero a septiembre de 2022 se efectuaron 3 mil 233 incidentes de este tipo en el país.
Las modificaciones se efectuaron sobre el artículo 199 del Código Penal mexiquense por lo que las personas que lleven a cabo este tipo de actos deberán pasar de entre seis y 10 años en prisión acompañado de una multa de mil a mil 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA), que actualmente se traduce en más de 150 mil pesos.
En caso de que se compruebe que los responsables forman parte de algún grupo delictivo, el castigo podría ser de siete a 15 años con una sanción económica de mil 300 a dos mil UMAs.
Por otro lado, si el delito es cometido por algún funcionario público, este será acreedor a una condena de ocho a 20 años, misma que incrementará en caso de que participen dos o más personas en la ejecución del delito.
Los castigos van en contra de quienes a través de las extorsiones obligan a los comerciantes a imponer precios que se encuentren fuera de rango en el mercado, ya sea en la venta de productos, servicios o insumos; la sanción también está destinada las personas que presionen a los vendedores a través de violencia física para mantener exclusividad de venta o distribución a empresas o personas determinadas.
Por último, el diputado morenista Gerardo Ulloa Pérez expresó que la iniciativa no pretende criminalizar al comerciante en ninguno de los casos, pues el dictamen va dirigido exclusivamente a las personas que cometan el delito.