Batres presenta reforma para que jueces no dejen libres a peligrosos criminales

El jefe de Gobierno, Martí Batres, envió al Congreso capitalino la reforma a la Constitución de la Ciudad de México en Materia Judicial, la cual plantea que ningún juez le otorgue la libertad a presuntos criminales que, a su consideración, fueron víctimas de detenciones ilegales o procesos irregulares y que con ello, se ignore su historial delictivo y los exima de ser encarcelados.

Según el mandatario, falta sentido de justicia en las resoluciones que toman las autoridades judiciales en los casos locales y federales, cuando en casos inadmisibles en los que a pesar de que presuntos delincuentes son señalados con diversas pruebas sólidas e imputaciones en su contra, no son privados de su libertad, a causa de que el juez no las considera creíbles.

Batres reclamó que algunos jueces le dan prioridad a aspectos no esenciales del procedimiento y se colocan por encima de la justicia, como es el caso de Fabián "N", alias "el cachorro", líder del grupo delincuencial "De la Ronda 88" y uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México y que el juez, Roberto Omar Paredes Grostieta, dejó en libertad por presuntos malos manejos en su captura, sin importarle las múltiples acusaciones que existen en su contra.

"El cachorro" se encuentra en el programa de recompensas de los más buscados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) desde el 2023 y cuando fue detenido por la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como operación con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, Paredes Grostieta, en audiencia de control, declaró ilegal el cateo, así como la detención de Fabián "N".

En su explicación, el juez argumentó que "no es verosímil la narración de los hechos que motivaron la detención", por lo tanto, decretó la libertad del "cachorro" y actualmente, se encuentra prófugo, lo que, a parecer de Batres, son hechos que ignoran la justicia y las víctimas afectadas por este posible criminal.

Batres aludió a que el desdeño de los jueces para culpar a generadores de violencia, viola la Ley federal de Procedimientos penales, la cual exige que quien en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la Ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público.

Cuando fue celebrada la audiencia de "el cachorro", personal de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJCDMX lo esperaba en el exterior para ejecutar la orden de aprehensión en su contra y trasladarlo al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, sin embargo, este abandonó el lugar horas antes, cuando presuntamente, Paredes Grostieta lo ayudó a cambiarse de ropa y salir por la puerta de atrás.

A Fabián "N" le cambiaron la ropa, un saco y le pusieron en las manos una agenda penal para aparentar que es un abogado que concurre algún tipo de audiencia en este juzgado federal.

Otra de las liberaciones de criminales que dio pie la reforma de Ley fue el caso de un conductor en estado de ebriedad que atropelló a tres trabajadores de limpia en la carretera México - Cuernavaca; el juzgador, calificó como legal la detención, pero no vinculó a proceso al responsable, en razón de que el lesionado fue considerado como un peatón y no como un empleado que tenía que estar en el acotamiento de la autopista.

En consecuencia de que podrían no haberse dado las condiciones de seguridad necesarias para realizar su trabajo, determinó la libertad del imputado, ignorando el delito de conducir alcoholizado.

Con los ejemplos presentados, el jefe de Gobierno comentó que no basta la igualdad formal ante la Ley, si no que deben de reconocerse las desigualdades que hay en la sociedad y que afectan a los grupos vulnerables y cualquier persona cuando se presenta ante el sistema de procuración e impartición de justicia.

En caso de aprobarse, se le agregaría un párrafo al Artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de la función judicial, el cual dice: "la función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas"; para que en el futuro se añada: 

"Aunado a lo anterior, en la función jurisdiccional, se observarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, de tal manera que las formalidades no esenciales del proceso nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social, a fin de que impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas de los Derechos Humanos, especialmente de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social".

El proyecto de decreto será discutido el próximo 18 de julio en la sesión extraordinaria en el Congreso de la Ciudad de México.