Aprueban la tipificación del transfeminicidio en CDMX, con penas de hasta 70 años de prisión

Con 45 votos a favor y uno en contra, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la tipificación del delito de transfeminicidio, además de diversas reformas de acceso a la justicia de las víctimas de la violencia transmisógina, con la finalidad de que dicho delito sea reconocido, perseguido, visibilizado y castigado con penas de 30 a 70 años de cárcel.

La llamada "Ley Paola", contempla las modificaciones al Código Civil, del Código Penal, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y de la Ley de Víctimas buscan identificar los casos de transfeminicidio, constituir una herramienta para la correcta identificación de sus causales y ayudar a garantizar el acceso a la justicia sin revictimización, que puede operar por la criminalización de las actividades que desarrollen como trabajadoras sexuales o tan sólo por la identidad de género.

América Rangel del Partido Acción Nacional (PAN) fue la única persona que emitió su sufragio en contra.

Reformas en los Códigos Penal y Civil

La modificación de la Ley tiene su origen en la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos a la entonces Procuraduría General de Justicia, institución que demostró falta de diligencia y de aplicación de perspectiva de género y enfoque diferenciado en la investigación del transfeminicidio de Paola Buenrostro, trabajadora sexual trans asesinada en 2016.

En lo que refiere al Código Penal, se propone agregar un capítulo VII, en materia de transfeminicidio, donde se establezca que comete este delito quien, por razón de identidad o expresión de género prive de la vida a una mujer trans. Además, quien cometa este delito enfrentaría de 35 a 70 años de prisión.

La reforma al Código Civil plantea que, para las actas de defunción de las personas transgénero, en caso de que sus familiares se nieguen a realizar el trámite o pudieren vulnerar su identidad o expresión de género, el documento podrá ser tramitado por una persona que pertenezca a la familia social de la persona transgénero, en términos de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. En este sentido, la modificación a esta Ley establece el concepto de familia social --- personas transgénero sin vínculos sanguinarios que hayan convivido y que fueron cercanas a la víctima ---.

Por último, la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) propone generar datos estadísticos e informes trimestrales sobre los delitos realizados en contra de la comunidad LGBT+ y evitar en todo momento los prejuicios y estereotipos de género.

Condenaron a América Rangel

En el recinto de Donceles, se encontraban representantes de la comunidad trans, los cuales esperaban con ansias que la mayoría de los diputados votaran a favor de los derechos de la comunidad LGBT+. Conforme avanzaban los razonamientos de los votos y los discursos de legisladores promoventes de la iniciativa, como los morenistas Ana Francis López y Temístocles Villanueva, las porras en las gradas donde pasaban los colectivos, se intensificaban; ¡Aquí, allá, la resistencia trans!, gritaban.

Una vez que el tablero marcaba la mayoría de los votos en color verde, a favor, las activistas abandonaron la sala, corrieron por los pasillos del recinto y afuera, levantaron la bandera de la comunidad trans y a un lado de la policía de capitalina que resguardaba el edificio, festejaron, brincaron y gritaron con el ánimo desbordado, la aprobación de la Ley y aseguraron que nunca más votarían por América Rangel para un cargo de elección popular.

Kenia Cuevas, activista trans que estaba en las gradas del Congreso, lloró cuando se aprobó el dictamen.

"Ni un voto a América Rangel, con eso se demuestra que está a favor de los crímenes de odio", dijeron al mismo tiempo que ondeaba la bandera de color azul, rosa y blanco.

La lucha por la visibilidad de las personas transgénero dentro de las paredes del Congreso fue apoyada por diversos legisladores que con una causa en común, se unieron para que en la presente legislatura se creara una Ley que castigara con penas máximas a los violentadores de este sector, especialmente a las trabajadoras sexuales que son estigmatizadas y cuyos casos son desechados en las instituciones de procuración de justicia cuando las autoridades las juzgan por dedicarse al trabajo sexual.

Hacia ello, Ana Francis López dijo: "Entre 2007 y 2022 han sido asesinadas 590 personas transgénero en México, con un promedio anual de 53 asesinatos; uno de los más representativos fue del de Paola Buenrostro, trabajadora sexual trans que fue asesinada en el 2016. Quienes se dedican al trabajo sexual experimentan una intersección de discriminación basada en su identidad de género, expresión y ocupación, esta combinación las pone en situación de riesgo por estigmas arraigado".

Otro caso es el de la activista Natalia Lane --- quien se encontraba en el recinto ---, que fue víctima de tentativa de transfeminicidio en enero del 2022, cuando ejercía su actividad como trabajadora sexual en un hotel en Calzada de Tlalpan.

Para los diputados, legislar el transfeminicidio representa un reconocimiento de esta forma específica de violencia de género, evidenciando su gravedad.

Otro diputado orgulloso de la aprobación fue Temístocles Villanueva, quien como integrante de la comunidad LGBT, manifestó que las brechas de desigualdad han sido constantes para todos los que representan en movimiento, sin embargo, por más de dos décadas, las víctimas de los crímenes han sido, en las de la mitad de los casos, personas transgénero.

La Ciudad de México es el segundo estado, después de Nayarit, en aprobar la tipificación del delito de transfeminicidio.

En un momento, emotivo, Villanueva enumeró y visibilizó a las víctimas de este crimen en la capital; "a ustedes, las invisibles, les debemos memoria, restauración y no repetición", dijo.

Ya aprobado, las activistas que se encontraban presentes, como Natalia Lane, aseguraron que es un gran avance la tipificación del delito, aunque consideraron que con la próxima jefa de Gobierno, Clara Brugada, se deberían de establecer políticas para educar a la población y que se prevengan los crímenes de odio; de la misma manera, llamaron a la siguiente mandataria a no olvidar los compromisos que firmó en campaña a favor de la comunidad LGBT.

El diputado por el Partido Verde, Javier Ramos, afirmo que este dictamen presenta un déficit de técnica jurídica, ya que omite la definición de "persona trans", lo que se prestaría a malas interpretaciones; además, llamó a que los hombres trans también deben de ser considerados en la Ley.