Congreso avala la Ley del Derecho del Bienestar; alcaldías sí podrán dar programas sociales

Con 34 votos a favor y una abstención, el Congreso de la Ciudad de México respaldó la expedición de la Ley de Derecho al Bienestar e Igualdad Social, la cual tiene como finalidad brindar una vida digna y libre de pobreza a la ciudadanía, mediante políticas públicas universales de atención integral en materia de agua, vivienda, educación, salud, espacio público, medio ambiente, trabajo, cuidados, tiempo libre y acceso a internet; esto luego de que fueron aprobadas las modificaciones para su aprobación.

Una de las reservas que se logró que el artículo 58, que se modificó a: "la administración pública podrá articular acciones sociales de manera inmediata para atender contingencias o emergencias; los programas sociales que implementen las alcaldías deberán de coordinarse con las áreas correspondientes de Gobierno de la ciudad, con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad, con la finalidad de maximizar el impacto económico y social de los mismos".

A la oposición le preocupaba que las alcaldías no dieran programas sociales

El aval de dicha reserva fue la máxima preocupación de los legisladores de oposición durante la primer discusión que se llevó a cabo el pasado 23 de mayo, ya que luego de que la Comisión de Bienestar modificó la Ley, se eliminó la palabra alcaldías del documento, lo que frenaría a los titulares de las demarcaciones de realizar cualquier ayuda social y pasaría a ser una facultad del Gobierno central.

Luego de una mesa de análisis, se decidió que las demarcaciones podían otorgar programas sociales, con la condición de que un beneficiario no reciba montos económicos o artículos que también le facilitara el Gobierno de la Ciudad de México.

También, se suprimió que las políticas de bienestar estuvieran exigibles a la disposición presupuestal.

Sin embargo, varios de los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), como Ricardo Rubio, estuvieron en desacuerdo en que las alcaldías deben de coordinarse con el Gobierno central, ya que a su parecer, se le restan a los titulares de las demarcaciones facultades que anteriormente tenían.

Recordó que en el año 2018, la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, creó un programa social para adultos mayores, al mismo tiempo que el Gobierno capitalino y el federal también lo otorgaban y nadie se lo prohibió.

A pesar de las negativas, fue autorizada la Ley enviada por el jefe de Gobierno, Martí Batres, la cual tiene un enfoque de derechos e igualdad en beneficio de grupos prioritarios como jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas, migrantes, personas en situación de calle, población LGBTQ+, ciudadanos dependientes de cuidados, personas que se encuentran en procesos de reinserción social, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas en situación de pobreza y grupos sociales que requieren atención emergente.

Con ello, se creará un Sistema General de Bienestar en el que confluyan todas las instancias de Gobierno para asegurar el cumplimiento de los derechos sociales universales, como alimentación, salud, educación, cuidados, vivienda y sus servicios, trabajo, protección social, medio ambiente e infraestructura social; así como la formulación de un Programa Especial al inicio de cada administración, con vigencia de seis años, que oriente las políticas públicas y programas sociales de manera transparente y participativa para contribuir al logro de las metas planteadas.