Metrópoli

Denuncian a servidores públicos por abuso de autoridad; padre de menor enfermo exige justicia

Entre los funcionario señalados se encuentra el fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de la FGJ, Miguel Ángel Barrera Sánchez, así como la jueza de Control, Angélica Fernández Nardo

Conferencia de prensa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López
Diana Cristal González Obregón, abogada penalista, dijo que su cliente ha sido objeto de abuso por parte de autoridades. Diana Cristal González Obregón, abogada penalista, dijo que su cliente ha sido objeto de abuso por parte de autoridades. (La Crónica de Hoy)

La Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos indaga a cinco funcionarios por los delitos de abuso de autoridad, trafico de influencias y ejercicio abusivo de funciones, tras la denuncia que presentó un hombre que pelea por la custodia de su hijo, quien presenta problemas renales.

Entre los funcionarios denunciados se encuentran el fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de la FGJ, Miguel Ángel Barrera Sánchez, así como la jueza de Control, Angélica Fernández Nardo; el juez en funciones de trámite, Ildefonso Tacuba Vallen así como ministerios públicos de esa fiscalía.

Al respecto, la abogada penalista Diana Cristal González Obregón, señaló que la prepotencia, corrupción y tráfico de influencias sigue en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; explicó que no obstante que se debe respetar el interés superior de la niñez en México, la denuncia que ha presentado su representado para defender la integridad de su hijo pequeño por violencia familiar en contra de la madre del menor, ha sido nulificada, minimizada, obstaculizada y no ha tenido avances desde su inicio.

Denunció que no se han realizado actos de investigación dirigidos a proteger al niño y a su padre, sino todo lo contrario, al ser hombre, se le han iniciado un sinfín de carpetas con hechos falsos y no obstante de haberse mandado una al menos al archivo temporal, repentinamente y sin sustento jurídico relevante en materia penal, ha resurgido y se ha intentado judicializar no obstante el malestar médico delicado de mi representado, su necesidad de trabajo y la necesidad de que como nueva defensa estemos impuestos adecuadamente de la carpeta de investigación.

Al respecto el papá del menor, Armando Rafael Medero, exigió al Jefe de Gobierno y al titular de la Fiscal General de Justicia de la CDMX, que se investigue de manera inmediata a todos los funcionarios públicos involucrados en este caso.

Dijo que denunció y solicitó el inicio de una carpeta de investigación en contra de la madre de su hijo por violencia, pero no se ha realizado una sola actuación y la querella se encuentra detenida en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la CDMX

“Obedeciendo intereses de funcionarios, Ministerios Públicos desechan cualquier hecho denunciado por mí, supuestamente por “no acreditar mi denuncia”, sin leer ninguna prueba que aporto, y desconociendo a propósito la ley, pues parece que en mi caso, la autoridad no sabe, que cualquier acto que sea denunciado, inclusive, de manera anónima sobre un menor, debe ser investigado”, expresó.

Y, agregó: "Aún así, mi esposa y yo, ahora somos amedrentados e investigados en más de tres carpetas de investigación por hechos falsos, y sin ningún tipo de prueba. Me he defendido con más de 10 periciales de profesionales y expertos que demuestran la falta de verdad de la madre de mi hijo, y la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas, y Adolescentes a cargo de Miguel Ángel Barrera Sánchez, ha decidido que mi hijo y yo no podemos ni debemos tener acceso a la justicia, no tenemos derechos, no tenemos voz, y para nosotros no hay Ley que nos proteja".

El pequeño tiene complicaciones médicas renales, lo que intensifica la preocupación de su padre, quien dijo que "al luchar por la salud de mi pequeño hijo con necesidades médicas para su riñón y que no se quedara sin escuela, he padecido un viacrucis en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la CDMX, con Jueces de la Unidad de Gestión Administrativa No. 13 del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX y por la Jueza del Juzgado Décimo Séptimo de lo Familiar. Se cumplió lo que la madre de mi primer hijo me dijo como amenaza: ¡Te voy a dar con lo que más te duela! ¡Yo soy mujer y tú eres hombre! ¡Mis abogados son dioses y tengo a un senador de mi lado! Jamás pensé que fuera tanto su odio, por el simple hecho de rehacer mi vida con una nueva familia”.

"Ella es funcionaria de la Secretaría de la Controlaría General de la CDMX y siempre se ha valido de ser funcionaria para amedrentarme, trabaja a pocas cuadras de mi casa y de manera reiterada hemos tenido patrullas y policías de investigación vigilando a nuestra casa y tocando el timbre para preguntar nuestros horarios. Incluso en la escuela a la que hasta hace meses asistía mi hijo, fue acompañada de todo un operativo orquestado por el Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de la CDMX para amedrentarnos y fuimos víctimas de abuso de autoridad", destacó.

El papá del menor denunció que el fiscal dijo a personal de la escuela que, a pesar de tener un amparo lo meterían a la cárcel; el 9 de mayo, policías de investigación, sin identificarse y sin llevar protocolos, lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"A mi esposa la agredieron y se burlaron de nosotros. El día de las madres, este pasado 10 de mayo, mi esposa tuvo que dejar a nuestro pequeño bebé y acudir a audiencia. Gracias a la protección Federal y estricto apego a la legalidad del Honorable Juez del Juzgado Décimosexto de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a la labor de nuestra abogada, se determinó mi inmediata libertad y se acreditó la violencia ejercida hacia mis derechos humanos, sin embargo, continúo siendo criminalizado y amedrentado por la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas, y Adolescentes”, comentó.

Por ello exigió al Jefe de Gobierno y al Fiscal General de Justicia de la CDMX, que se investigue de manera inmediata a todos los funcionarios públicos involucrados en el caso, “basta al abuso de poder, tráfico de influencias y demás delitos de los que resulten responsables”.

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