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La violencia política contra las mujeres en razón de género sigue siendo un fenómeno que carece de visibilidad y comprensión en la Ciudad de México, señaló Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Durante la Presentación de estudios de opinión y estadísticos sobre violencia política contra las mujeres por razón de género, Avendaño resaltó la necesidad de trabajar con partidos políticos y candidatas para difundir información que permita a las mujeres reconocer y defenderse contra este tipo de violencia.
“Hay que difundir información para que haya un conocimiento pleno de qué es la Violencia Política contra las mujeres en razón de Género, y sobre todo de qué manera se pueden defender los derechos de todas las mujeres que decidan participar en política”, afirmó Avendaño. La consejera subrayó que este concepto aún no ha permeado de manera adecuada, lo que deja a muchas mujeres expuestas a situaciones de violencia sin ser conscientes de ello.
El evento, organizado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México (OPPMCM), reunió a especialistas como Edith Chávez Ramos, de la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres; Cirenia Celestino Ortega, de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC); y Laura Luvina Muñoz, de la Colectiva Nepanihuyan.
Las exposiciones dejaron en claro que la violencia política de género no se limita a los procesos electorales, sino que también se manifiesta en la participación comunitaria, donde el rol de las mujeres suele ser invisibilizado.
Para hacer frente a esta situación, el IECM plantea implementar programas de capacitación para mujeres interesadas en participar en la política, tanto a nivel partidista como comunitario.
"Las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil aún tienen mucho que hacer para abrir rutas de participación y reconocimiento hacia este sector en sus diferentes vertientes", señaló Avendaño.
El OPPMCM es el resultado de la colaboración entre diversas instituciones como el Tribunal Electoral local, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la CDMX, la Secretaría de las Mujeres capitalina, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la CDMX, y varias organizaciones de la sociedad civil.
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