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El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ordenó medidas cautelares en contra de Catalina Monreal y cuatro morenistas más, por violencia política en razón de género hacia la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por haberla acusado de realizar un montaje en el atentado armado que sufrió durante su campaña; así lo informó la próxima edil.
La sanción también incluye a Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la capital, a la diputada local expanista, Ana Villagrán, el senador de la República, Israel Zamora Guzmán y Sergio Gutiérrez Luna, diputado del Congreso de la Unión; por haber acusado a Rojo, en medios digitales, de conductas delictivas como "fraudes", "tratantes de personas" y "delitos electorales; así como la realización de un montaje y fabricación de un "autoatentado", lo que podría considerarse como calumnia.
Mediante una investigación, el Instituto constató que en las publicaciones digitales se cuentan con los elementos suficientes para establecer que los probables responsables pudieron haber infringido la normativa.
En consecuencia, el IECM inició el proceso sancionador contra Monreal y sus compañeros de partido y se les ordenó que en un plazo improrrogable de 24 horas, a partir de la notificación de las medidas cautelares, se suspendan y retiren de la difusión masiva los contenidos denunciados, igual que cualquier otro medio digital o impreso en el que los probables responsables lo hayan difundido en las ligas electrónicas.
Con ello, Catalina, Ramírez, Villagrán, Zamora y Gutiérrez tienen prohibido referirse a la alcaldesa electa como "alefarsa", "candidata del PRIAN", "candidata del partido de tratantes" o calificar el delito que sufrió de "autoatentado" y "montaje" y cualquesquiera que atenten contra su dignidad humana, honra y reputación, con la finalidad de que dejen de violentarla en medios de comunicación y a su vez, evitar que su familia sufra cualquier otro tipo de violencia.
En caso de que los probables responsables incumplan con las medidas cautelares, se les impondrá una medida de apremio que podrá ser desde una amonestación, multa de cincuenta hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización o el uso de la fuerza pública.
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