La falta de control eficaz que regule su tránsito y servicio, nula inversión para modernizarlo, poca transparencia sobre las condiciones y características de las unidades, altas tarifas para el usuario, pero sobre todo la alta inseguridad que representan por los asaltos que se registran en ellos, hacen del transporte en el Estado de México una verdadera odisea y en muchas ocasiones una pesadilla para más de un millón 600 mil personas se desplazan constantemente de esa entidad a lugares lejanos a su domicilio para trabajar o estudiar.
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el Estado de México es la entidad con el mayor porcentaje de población que asiste a la escuela en una entidad federativa diferente (8%) y la proporción más alta de población ocupada mayor de 12 años que labora en un lugar distinto (20.1%).
Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó las condiciones de transparencia, los costos que implica su uso y la situación de mantenimiento de dicho servicio en la entidad donde la anarquía que existe provoca que el transporte en el Estado de México se convierta en un problema complejo que impacta a los millones de mexiquenses que lo utilizan.
De entrada hay poca transparencia sobre las condiciones y características de las unidades de transporte. La propia Secretaría de Movilidad del Estado de México afirma que no cuenta con información referente a las unidades que funcionan de forma irregular en la entidad, detalla el reporte del IMCO.
Es decir, se ha comprobado que miles de unidades de servicio de transporte público, sobre todo taxis, prestan ese servicio sin una concesión o permiso, lo que representa una grave inseguridad para sus usuarios que se ven expuestos a asaltos o accidentes donde no hay quien los respalde.
Tan solo en 2019, las autoridades retiraron de circulación 3 mil 421 unidades de transporte público sin concesión.
La informalidad vehicular se ha mantenido porque las autoridades encargadas no han implementado estrategias efectivas de monitoreo y control. Es decir, se trata de un sistema que no cuenta con la transparencia necesaria para operar de manera efectiva, detalla el informe.
Otro de los problemas que enfrenta el transporte mexiquense y tal vez el más grave son los altos niveles de inseguridad que prevalece en sus unidades que con frecuencia son objetos de asaltos violentos.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 se registraron en el país 8 mil 57 casos de robo a transporte público colectivo con violencia, de los cuales 80% (6 mil 436) ocurrieron en el Estado de México. De hecho, 55% de los robos en transporte colectivo a nivel nacional, con y sin violencia, ocurrieron en la entidad mexiquense.
Paralelo a ello el transporte en esa entidad, tiene altos costos monetarios y de tiempo para la ciudadanía mexiquense.
Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2020, en el Estado de México el gasto corriente monetario promedio trimestral de los hogares asignado al transporte público fue de $1,742, o 5.7% de su gasto total.
Esta proporción representa la más alta a nivel nacional. Ahora bien, para desplazarse los usuarios del transporte público no solo incurren en un costo monetario, sino también en uno de tiempo.
Cifras de la última encuesta Origen-Destino del INEGI muestran que 28.9% de la población en los municipios conurbados del Estado de México y de Tizayuca (Hidalgo) gasta más de una y hasta dos horas para llegar al trabajo, siendo el transporte colectivo la opción más usada (51.1%).
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