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Padres de víctimas de violencia sexual infantil, así como especialistas en el auxilio a infancias vulneradas, argumentan que es ineficaz o fallida la reforma a la Ley de la no prescripción de delitos que atentan contra la intimidad de los menores en la capital, cuando la Fiscalía General de Justicia capitalina, que recibe las denuncias, tiene personal carente, sin especialización y cuyos peritos y Policía de Investigación emplean métodos insensibles que revictimizan a los denunciantes, así como el Poder Judicial que según sus vivencias, obligan a los afectados a convivir con sus agresores, lo que provoca que los cinco millones de niños agredidos al año, no obtengan justicia.
El pasado 28 de agosto y en el último periodo extraordinario, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad que los niños y niñas violentados sexualmente, puedan denunciar a su agresor hasta muchos años después de que su intimidad fue vulnerada, iniciativa impulsada a causa de que en ocasiones, las víctimas callan y no denuncian por miedo o porque fueron amenazadas por su agresor. Con ello, se asegura que el transcurso de los años no extinguirá la potestad del Estado para sancionarlos y además, buscar la justicia a las infancias que lo sufrieron, sin que la prescripción otorgue la impunidad a los criminales. Aunque víctimas y especialistas celebran la reforma como un logro, lamentan que sea insuficiente.
En ese sentido, Mariel Albarrán, madre de dos víctimas de violencia sexual infantil, denuncia que en la Fiscalía capitalina, los procesos para entrevistar a niños abusados son denigrantes, donde los infantes, lejanos a ser sometidos procedimientos que protejan su cuerpo y entrevistas que documenten lo vivido, la atención es mínima, en la que aún con pruebas, exámenes médicos y testimonios que avalan el abuso, las carpetas de investigación no avanzan”.
“¿De qué nos sirve la no prescripción de los delitos sexuales cuando tenemos una impunidad del 98 por ciento? Podría haber pena de muerte para agresores pero nadie va ser sujeto a esas sanciones porque son arropados por el manto de la impunidad; hay obstáculos desde la procuración de justicia, no hay especialistas, tenemos una Fiscalía que no tiene especialistas de violencia sexual infantil, sin pediatras revisando a niñas y niños; tampoco paidopsicólogos, solamente ginecólogos que revisan igual a un adulto que a un niño. Carecen de peritos especializados en violencia sexual infantil, no saben cómo entrevistarlos; tenemos animales en la Fiscalía que se atreven a preguntarle a los niños ¿Te gustó?”.
“Cuando llevé a mis hijas a denunciar, estuvimos más de 12 horas en la Fiscalía. José Manuel Fuentes Cruz, encargado de agencia me dijo que les hacía más daño a mis hijas llevándolas a denunciar; él daba las instrucciones para alterar la transcripción de audios. Ordenaba que me sacaran de la entrevista, se suspendieran los dictámenes, cambiaron sus palabras y entraron agentes de la Policía de Investigación armados a supervisar. Dentro de la carpeta de investigación están los audios que yo entregué donde una de mis hijas me dice 'mamá ven por mí, yo no puedo ser feliz', me lo dijo llorando porque en ese momento estaba con su agresor, pero en la transcripción de la carpeta dice 'mami yo quiero que seas feliz', entonces cambia todo el contexto cuando alguien que no tiene el audio, solamente lee el testimonio. Me dijeron que como madre les hacía más daño por llevarlas a denunciar, que lo que les hizo el violador”.
Ese funcionario cuenta con una investigación por el delito de prevaricato, además, fue sancionado por la pérdida de carpetas de investigación que obstaculizaron un caso en el año 2011; asimismo, el sujeto tiene una falta administrativa disciplinaria en el Órgano Interno de Control.
Y criticó que las revisiones ginecológicas que realiza la Fiscalía a las víctimas no favorecen a la no prescripción, ya que luego de años, es imposible que existan lesiones visibles en el cuerpo, pero esa institución no tiene métodos con tecnología que auxilien a los afectados a externar lo que les sucedió.
La mujer calificó al sistema de justicia y judicial como “adultocéntrico”, que solamente se enfoca en los adultos, pero desconoce tratar con niños. En la Fiscalía capitalina no existen cifras públicas de delitos de violencia sexual infantil que puedan ser consultadas por la ciudadanía, por igual, la pena por cometer este delito es mínima, dos a seis años de prisión. “A los niños se les discrimina por razón de su edad, no les creen en la Fiscalía”, dijo.
“En el sistema de justicia mexicano obligan a las víctimas a convertir a sus agresores, en los casos donde el agresor es un padre biológico, tiene el permiso del Estado para continuar violentando a sus hijos, ponen por encima el derecho a la familia que la integridad de los niños. “El 11 de julio del 2023, la asistente infantil, Kenya Alejandra García Cuéllar, les dijo a mis hijas que lo tenían que perdonar porque es su padre. Tenemos una agencia especializada en delitos sexuales, pero de nada nos sirve un edificio”.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco niños ha experimentado abuso sexual durante su infancia, cifras que no son reportadas en su totalidad ante el miedo que tienen de externarlo. En ese sentido, el 93 por ciento de las víctimas menores de 18 años de edad convive con su violentador.
Además, acusó que el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) de la Fiscalía capitalina ofrece máximo 20 sesiones a niños y 45 minutos de entrevista para iniciar la carpeta de investigación, tiempo que las autoridades consideran que es el óptimo para superar el trauma. En el caso de sus hijas, con asistencia externa, han requerido más de cuatro años de ayuda con especialistas para exteriorizar íntegramente el delito del que fueron víctimas.
Al acusar las negligencias de la Fiscalía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inició una investigación y transcribió los audios y los describe exactamente como la niña lo narró, sin alterarlos. Adicionalmente, en el informe del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, se confirma el delito, así como reportes de la Policía de Investigación donde las menores validaron los lugares donde fueron violentadas, aunque con todo, la carpeta nunca fue judicializada.
Cuando la Comisión verificó las negligencias que existían de las autoridades a cargo, así como la alteración de pruebas, emitió la recomendación 10/22 hacia la FGJCDMX, que exige una disculpa pública de la Fiscalía, además de la reparación del daño integral y la reanudación de la investigación, no obstante, eso no sucedió.
En el mismo orden de ideas, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), celebró la modificación a la Ley, aunque considera que ante las deficiencias de las instituciones de justicia, la víctima podría someterse a revictimización, al acudir a denunciar, después de años, revivir el hecho y que las autoridades los ignoren o por la deficiencia de peritajes, el delito quede impune.
“Es una muy buena noticia, hay un desafío que a nivel internacional se ha planteado como derecho al tiempo; las víctimas, por la edad y el momento, no tienen las condiciones para poder conceptualizar o nombrar el entorno para que se denuncie. Las instituciones no han tenido voluntad ni está preparada para recibir y sancionar estas conductas: se necesita un cambio cultural en las instituciones del estado, personal especializado y otras metodologías de investigación, incluso de pruebas periciales”.
“El desafío es enorme para su implementación, con un Poder Judicial que esté sensible a ello, porque de otra manera, la impunidad se va a mantener. Proteger el testimonial y el acceso a la justicia, quedará en una buena idea y en un riesgo de revictimización porque lo difícil es, que ahora que son adultos, pero pueden ser revictimización porque se exponen públicamente a que su denuncia no sea recibida y vivir violencia institucional”.
Por igual, aludió que no existe buena aplicación de Leyes, ni cambios culturales y nula aplicación de mecanismos periciales o personal especializado y eso lleva a repetir la violencia institucional como un patrón, por lo que invita a los promoventes de las normativas a tener un principio de realidad; “las Leyes no cambian, ayudan a colocar la agenda pública, pero al mismo tiempo hay un alto riesgo de revictimización y de impunidad. Si no se moviliza a la ciudadnía y se les hace ver que sus hijos pueden vivir violencia sexual como algo cercano, tenemos poca posibilidad de que cambien las cosas”.
“Si no movilizamos es mucho más caro pretender sancionar a los agresores que comenzar a trabajar en prevención porque hay diversidad de violencia sexual con el tema digital, por ello la importancia de sensibilización, eso funciona para que sucedan los cambios institucionales, que siempre son lentos en los Gobiernos”.
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