Poder Judicial admite amparo contra presencia de Guardia Nacional en el Metro
Más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional se encuentran en las instalaciones del Metro desde el pasado12 de enero
![Elementos de la Guardia Nacional durante sus labores de vigilancia en el Metro/CUARTOSCURO/](https://imagenes.cronica.com.mx/files/image_375_184/uploads/2023/01/13/63c2258f87d40.jpeg)
Elementos de la Guardia Nacional durante sus labores de vigilancia en el Metro/CUARTOSCURO/
El Poder Judicial de la Federación (PJF) admitió un amparo presentado por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) en contra de la presencia de la Guardia Nacional en el Metro, por lo que se evaluará la entrada de los 6 mil elementos a este sistema de transporte.
De acuerdo al MUCD, la demanda fue presentada la última semana de enero de 2023 en representación de un usuario del Metro para exigir que el Gobierno de la Ciudad de México proteja los derechos de los pasajeros destinando recursos para su mantenimiento y sin militarización.
La organización argumentó que, tras el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en el Metro, el pasado 12 de enero, el Gobierno capitalino no aclaró cuáles serían sus actividades, objetivos, presupuesto asignado, alcances de su participación, sus parámetros de coordinación o supervisión ni las implicaciones legales o administrativas de su incursión en estas actividades.
“Con esta decisión, en primera instancia, el Gobierno capitalino viola el derecho a la seguridad jurídica de las y los usuarios debido a que esta acción fue tomada sin importar que la Guardia Nacional no cuenta con facultades jurídicas para intervenir las estaciones del Metro”, señaló.
Por otra parte, la evaluación del despliegue de uniformados en las 190 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo estará a cargo de Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien admitió el amparo presentado por la organización.
Será el 13 de febrero cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional, en la cual las autoridades deben presentar la información relacionada con el despliegue de la Guardia Nacional.