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Decenas de trabajadores de los Juzgados de lo Familiar y Civil de la capital cerraron sus puertas y se sumaron al paro nacional convocado para manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular.
Desde tempranas horas, los trabajadores interrumpieron sus labores y bloquearon los accesos a los juzgados, uniéndose a las movilizaciones que se replican en varias partes del país.
En redes sociales, ciudadanos de la Ciudad de México compartieron imágenes y videos en los que se observa a los empleados judiciales congregándose en el exterior de las instalaciones, con pancartas que expresan su apoyo al paro nacional del Poder Judicial.
En dichos mensajes, se rechaza de manera tajante la reforma promovida por el presidente López Obrador, la cual, según los manifestantes, pone en peligro la independencia de uno de los tres poderes del Estado.
El descontento surgió tras la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa busca modificar diversas disposiciones de la Constitución Política en torno al Poder Judicial, lo que ha generado preocupación y rechazo entre los empleados de juzgados, así como en otros sectores, como el académico y el estudiantil. La sesión legislativa tuvo que llevarse a cabo en una sede alterna, ya que los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro fueron bloqueados por manifestantes que rechazaban la propuesta.
Tras su aprobación en la Cámara Baja, la reforma fue enviada al Senado de la República para su revisión. En la Cámara Alta, Morena y sus aliados requieren de un solo voto adicional para alcanzar la mayoría calificada y asegurar el paso de la iniciativa. Si es aprobada por el Senado, la reforma aún deberá ser ratificada por al menos 17 congresos estatales antes de entrar en vigor, lo que podría tomar tiempo y dar lugar a más manifestaciones.
La protesta en los Juzgados de lo Familiar y Civil de la Ciudad de México ha sido una de las más visibles hasta el momento. Los empleados, que diariamente atienden una amplia gama de casos relacionados con asuntos civiles y familiares, paralizaron sus actividades como una medida de presión ante lo que consideran una amenaza a la autonomía judicial.
Al suspender los servicios en estos juzgados, miles de trámites judiciales, que incluyen desde divorcios hasta la resolución de conflictos de propiedad, quedaron en pausa, lo que podría generar un retraso considerable en la impartición de justicia.
La situación no solo afecta a los trabajadores del Poder Judicial, sino también a los usuarios que dependen de estos servicios. No obstante, los empleados insisten en que esta medida es necesaria para proteger la imparcialidad del sistema judicial.
En los carteles colocados en los juzgados, los manifestantes señalan que la reforma afecta tanto a los trabajadores del sector, como a toda la población, ya que una justicia politizada podría comprometer el acceso equitativo a la ley.
Para los manifestantes, lo que está en juego es el equilibrio de poderes en el país y la preservación de una justicia imparcial y autónoma.
Durante los próximos días se determinará el rumbo que tomará esta reforma y si logrará atravesar los últimos filtros legislativos. En tanto, los trabajadores judiciales, junto con otros sectores de la sociedad, aseguraron que seguirán alzando la voz, en un esfuerzo por frenar lo que consideran un ataque directo a los principios democráticos que deberían regir el sistema judicial mexicano.
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