Nuevos proyectos sobre ordenamiento territorial causan críticas y protestas
El pasado lunes, el Gobierno de la CDMX en conjunto con organizaciones sociales, individuos y académicos, presentaron los nuevos proyectos del Plan y del Programa
Barrios Originarios
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México
Diversas reacciones y críticas por parte de organizaciones sociales e individuos defensores de los derechos de pueblos y barrios originarios fueron el resultado tras anunciar el Gobierno de la Ciudad de México la finalización de la consulta del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y Plan General de Desarrollo (PGD).
El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac (FDDPBOCA) señaló que, durante la ceremonia de presentación de los nuevos proyectos, se hicieron referencias a los pueblos y barrios originarios, pero se omitieron las razones por las cuales el proceso de consulta tuvo que ser pospuesto y los documentos iniciales modificados.
La organización denunció que no se mencionaron las movilizaciones y protestas que tuvieron lugar el 3 de diciembre, en casi todos los pueblos y barrios originarios de la ciudad, para evitar la realización de asambleas que pretendían aprobar los proyectos, así como que se omitieron otros temas de gran importancia.
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"No dijeron nada respecto a la brutal represión que sufrió el pueblo de San Gregorio Atlapulco el día 2 de diciembre, ni mucho menos, sobre el esclarecimiento de la cadena de mando que dió la orden de enviar cientos de granaderos a agredir a mujeres de la tercera edad de ese pueblo originario. No dijeron nada respecto a que la valiente defensa de Atlapulco, la solidaridad de los pueblos con su causa, y el rechazo generalizado a la consulta llevara a la cancelación de todas las asambleas en Xochimilco", apuntó.
En este sentido, también se indicó que se omitió mencionar que las protestas y el bloqueo de la carretera por parte de los pueblos de Milpa Alta también impidieron la realización de asambleas en esa demarcación.
En resumen, dijeron que no se dieron explicaciones sobre las razones por las cuales se llevaba a cabo el discurso y la presentación de documentos que ya no fueron consultados con los pueblos y barrios, lo cual puso de manifiesto la violación de sus derechos.
La falta de cumplimiento y el fracaso del Gobierno
De acuerdo a las diversas denuncias, el anuncio del lunes intentó convertir el fracaso del gobierno en un logro y en un ejemplo de participación para la planeación del desarrollo.
Además, el Frente expuso que el mensaje fue respaldado por académicos, individuos y líderes de organizaciones urbanas que no representan a ninguno de los barrios y pueblos originarios.
Este logro se produciría después la renuncia del Instituto de Planeación, sin que exista reemplazo hasta el momento, y con solo tres integrantes del directorio técnico del Instituto. Es decir, con un Instituto incompleto que no pudo concretar una consulta, como lo mandata la Constitución, a los pueblos y barrios originarios.
También se quejaron luego de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, incumpliera su palabra pública de realizar una nueva consulta con una mayor participación, retractándose de esa afirmación.
"Ayer, Claudia Sheinbaum incumplió la palabra dada públicamente apenas unos días después de su fracaso, el 6 de diciembre, en el sentido de que habría una nueva consulta con mucha mayor participación. En realidad no tardó mucho tiempo en retractarse. El 29 de diciembre afirmó que ya no habría nueva consulta y que solo se modificaría el tema del suelo rural", compartieron los integrantes de la organización.
Los riesgos del anuncio
Con el anuncio, el FDDPBOCA consideró que el gobierno pretende desplazar la discusión hacia el Congreso de la Ciudad y posteriormente hacia los programas de ordenamiento territorial por alcaldías, con el objetivo de evitar que la problemática política repercuta directamente en la jefatura de Gobierno.
Sin embargo, al hacerlo y anteponer sus cálculos electorales, habría sentado un mal precedente.
"Pese a que el derecho de consulta existe, el gobierno ha demostrado que puede decidir unilateralmente dar por concluida una consulta, no consultar a todos los pueblos y barrios, y aun así, presumir el proceso y buscar su inmediata aprobación".
Exigencias y acciones
Ante esta situación, la organización expresó el rechazo a la imposición del gobierno debido a las consecuencias negativas que esto implicaría en un futuro cercano. Presuntamente, el gobierno ha reducido aún más el derecho a la consulta, y ya no lo considera una formalidad que debe cumplirse, sino un obstáculo que puede evitarse si resulta problemático para ellos.
Por lo tanto, se estimó necesario reponer el proceso para garantizar el derecho de todos los pueblos y barrios a decidir sobre la organización del territorio y defender sus bosques, aguas y tierras.
Finalmente, invitaron a los pueblos y barrios originarios a llevar a cabo asambleas informativas para cuestionar la finalización de la consulta y analizar el contenido de los nuevos documentos.
Al mismo tiempo, anunciaron que se están preparando movilizaciones tanto en la jefatura de Gobierno como en el Congreso de la Ciudad de México, así como demandas de amparo contra el sistema de registro y la exclusión de los pueblos, las cuales serán presentadas la siguiente semana.
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