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El pasado 31 de enero, como cada año desde 1995, Transparency International publicó su Índice de Percepción de la Corrupción edición 2022, en el que calificó a 180 países sobre su avance o retroceso en este fenómeno social y delictivo.
De manera general, la organización refirió que los niveles de corrupción en todo el mundo se encuentran estancados. Muestra de ello es que 124 países no han registrado ninguna evolución significativa pues, aunque en algunos años ciertos países han mejorado su posicionamiento en el índice, ello puede ser sólo aparente y obedecer a otros factores que no necesariamente representan avances sustantivos, por ejemplo, si otros países registraron un retroceso ello impacta favorablemente en la posición que otros ocupaban.
Precisamente en el rubro de países estancados se encuentra el nuestro. En la escala que va de 0 a 100, donde 0 significa alto y 100 libre de corrupción, en la última década, México ha oscilado entre las posiciones 28 y 34, es decir, sin ningún cambio revelador. En la anualidad evaluada obtuvo 31 puntos nada gratos, con los que se ha mantenido desde 2020. Por si fuera poco, Transparencia Mexicana reportó que, en 2022, de los países que integran el G20, México fue de los peores calificados, ocupando la posición 18.
Al respecto, Transparencia Mexicana realizó cuatro recomendaciones como rutas inexorables para combatir la corrupción: 1) superar la atapa de investigación y efectuar las sanciones que correspondan; 2) el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de cada una de las instituciones que lo integran; 3) Además de las sanciones respectivas, exigir la recuperación de activos en cada uno de los casos y; 4) Integrar a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción.
Por su parte, Transparency International señaló en su informe, que la corrupción es una amenaza fundamental para la paz y la seguridad, por lo que resulta más factible que los países con puntajes más altos de corrupción también presenten cifras más altas sobre crimen organizado y, en consecuencia, mayor amenaza a la seguridad. La colusión de servidores públicos con personas que delinquen, sin duda, fortalece las redes criminales, aumenta la impunidad y mina el Estado Democrático de Derecho.
A pesar de que el Sistema Nacional Anticorrupción gozó de gran reconocimiento nacional e internacional y fue visualizado como el principal mecanismo en el combate a la corrupción por su plausible estructura, a la fecha continúa en el limbo, sin una consolidación real. Contamos con un gran andamiaje jurídico y más aun con la fuerza ciudadana pujante por robustecer la débil y superficial lucha anticorrupción. Es precisamente la integración de la ciudadanía en los procesos de combate a la corrupción, a la que se refiere Transparencia Mexicana en sus recomendaciones, uno de los pilares sobre los que puede sostenerse un combate genuino, apartidista, amplio y constante que tenga a la ciudadanía como monitor para identificar y denunciar y motor para erradicar los pequeños y grandes actos de corrupción.
La corrupción lesiona derechos humanos y/o impide el disfrute pleno de otras libertades y, por esa razón, no debe ser una cuestión reservada para la función pública, pues no se trata solamente de un problema asociado a la impunidad, sino de un flagelo que impacta simultáneamente en múltiples capas de la sociedad y, por ello, su prevención, combate, y eventual erradicación es fundamental para el crecimiento y la pacificación de un país. Vana “estrategia” la de la declaración triunfalista o la de la mentira contada mil veces, cuyo único resultado no es una sanción para nadie, sino una condena tácita para perpetuarla.
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