Obra irregular daña gravemente departamentos en MH; INVEA, Seduvi, FGJ y PC evaden responsabilidad de clausurarla

Desde su edificación, el nuevo complejo de departamentos de la calle Francisco Murguía número 86 de la colonia Escandón afectó severamente la estructura de los inmuebles colindantes, ya que los permisos de obras y uso de suelo se desarrollaron en la irregularidad, sin que las autoridades responsables de verificación de obras, como el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) — responsables de verificar la legalidad de las obras, con todo y las múltiples denuncias, — estén dispuestas a intervenir para clausurar o investigar a la inmobiliaria Llave, quien obtuvo los permisos para realizar un edificio de cinco niveles que desde su inicio, rompió el manto freático del suelo y ocasionó la salida sin control de agua que dañó los muros, cimientos y estructuras completas de varias viviendas.

“Llevamos más de dos años denunciando este problema pero la justicia no es la vía; no tienes a nadie, la Comisión de Derechos Humanos nos cierra los expedientes, encubre a los funcionarios. No tenemos dinero y la Fiscalía nos dice que otorguemos el perdón a cambio de 36 mil pesos, eso no vale nuestro patrimonio; me tardé 10 años en arreglarlo para rentarlo como Airbnb, pero ahora no lo vale, se devaluó”, dijo Sonia Hernández.

“La ropa se echó a perder, los voltajes de luz dañaron nuestros aparatos. Las viviendas dejaron de ser habitables, la gente piensa que es un daño por el sismo, pero fue por la obra. CONGUA me dijo que rompa los pisos pero es un gasto millonario, pero es un gasto grande; no hay peritos, los gastos cuantitativos los tienen que pagar las víctimas”.

Lo que hoy son lujosos departamentos, hace dos años era un estacionamiento que se ubicaba arriba de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y cuando inició la demolición para los cimientos, una gran fuga de agua emergió desde el subsuelo e invadió los predios aledaños, lo que llevó a su clausura, sin embargo, meses después, se ordenó la reanudación de la edificación, sin que el INVEA o PAOT se opusieran.

Ante la rápida cuarteadura de techos, desprendimiento de aplanados, paredes y excesiva humedad y salitre en el suelo, los vecinos solicitaron a Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo un dictamen de riesgos, institución que la calificó como de alto riesgo, por lo que recomendó la revisión general de la instalación hidráulica del inmueble y que la constructora realice el convenio de los daños; “si no se resuelve el problema de las filtraciones de agua en el talud existe el riesgo de deslave y/o asentamiento diferencial”. Después, Protección Civil capitalina avaló los hechos.

Se ignoró que es área protegida por el INBAL

Los vecinos afectados señalan la problemática como un “cártel inmobiliario”, sin embargo, no culpan solamente a una institución, ya que desde la colocación de los cimientos y linderos del nuevo complejo, estos se recargaron en el edificio hoy afectado, lo que violó el Artículo 141 de la Ley de Construcciones del Distrito Federal de la PAOT, el cual dice que “toda edificación debe separarse de sus linderos con predios vecinos la distancia que señala la Norma correspondiente, la que regirá también las separaciones que deben dejarse en juntas de construcción entre cuerpos distintos de una misma edificación (...) las separaciones que deben dejarse en colindancias y juntas de construcción se indicarán claramente en los planos arquitectónicos y en los estructurales”.

En el expediente PAOT-2022-576-SOT-119, se reveló que el área se encuentra dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Zona Patrimonial de Tacubaya” y requiere la autorización del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL), aunque en la documentación no existe dicho visto bueno, lo que incumplió con el artículo 43 de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México.

El INVEA tiene la responsabilidad de detener la obra

A pesar de que es responsabilidad de las alcaldías ejecutar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de construcción de demoliciones, una vez que llega la queja para revisar un predio, la alcaldía tiene el deber de girar la orden de liberación, pero la responsabilidad de ejecutarla es del INVEA y su verificador, para establecer las condiciones en las que puede operar la obra y si acredita a una multa, suspensión o clausura; sin embargo, si en la alcaldía califican una infracción, pero el acta es realizada erróneamente, se ignora la orden en el administrativo y quitan los sellos.

Por igual, es responsabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) estudiar cuál será el impacto de la obra en la zona y determinar si genera afectaciones urbanas y ecológicas y si los servicios instalados son capaces de soportarla.

Además, en el dictamen dice que le corresponde al INVEA emitir y sustanciar el procedimiento administrativo INVEACDMX/OV/DU/641/2023 e imponer las sanciones que conforme a derecho correspondan, pero la obra se terminó sin contratiempos. Con todo, la obra no contaba con un programa interno de Protección Civil, dado que fue autorizado hasta el 22 de marzo del 2022.

Contraloría omitió culpables

Posteriormente, la Contraloría de la ciudad justificó que era única responsabilidad de la alcaldía Miguel Hidalgo el levantamiento de los sellos de clausura y la conclusión del edificio — facultad única del INVEA — , no obstante, ese órgano omitió que en expediente de la PAOT dice que los trabajos de excavación cuentan con un dictamen técnico de conservación patrimonial emitido por Seduvi, sin que se aprobara por el INBAL. Por igual, alude que esa institución, junto con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, declaren el procedimiento contra el responsable de Diseño Urbano y Arquitectura, así como emitir resolución administrativa conforme a derecho corresponda.

En la resolución del Instituto de Seguridad, se revelaron daños en los muros de carga de mampostería y severos problemas de humedad y desprendimiento de los acabados en los departamentos uno y cuatro, así como en la fachada principal y en la planta baja.

Sacmex no se responsabiliza

En adición, a Sacmex constatar la factibilidad de servicios del predio investigado y solicitar al propietario de dicho predio que acredite el cumplimiento de las obligaciones técnicas y acciones que se realizaron para que se proporcionen los servicios de drenaje y agua potable. Al solicitar por transparencia, ese organismo reveló que no se acredita el cumplimiento de constancias de las obligaciones técnicas y acciones que el desarrollador deberá cumplir al interior del inmueble, ya que según el Sistema, la revisión y autorización de los proyectos sanitarios es competencia y responsabilidad de los Directores Responsables de Obra (DRO) y Corresponsables.

INBAL no autorizó

Al consultar al INBAL, el instituto exigió la verificación urgente y en su caso, la suspensión de las intervenciones que se realizaron en el predio número 86, ya que dichas intervenciones ponen en riesgo la estabilidad estructural de los inmuebles con valor artístico.

Empeorando la situación, los vecinos solicitaron la autorización de uso de suelo y ocupación de Francisco Murguía 86, a lo que les respondieron que no se cuenta con dicho permiso.

Fiscalía no comenzó las investigaciones

Al mismo tiempo en que los daños en el edificio avanzaban, los habitantes, la mayoría de la tercera edad, comenzaron a presentar padecimientos en su salud a causa de la excesiva humedad que hay en sus paredes, así como angustia por el miedo a que su vivienda colapse. Ante ello, y con documentación médica que lo avaló, acudieron a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Fiscalía capitalina y se inició la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-3 por el delito de responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables - autorice o permita el desarrollo de construcción sin apego a la licencia, investigación que hasta el momento no ha avanzado a causa de la falta de peritos que acudieran a revisar el inmueble, con todo y que la institución se ha caracterizado por su aparente amplia investigación hacia la corrupción inmobiliaria.

DH determinó que no había delito que perseguir

Como medida de auxilio, los afectados acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con la finalidad de que se ejerciera, en virtud del derecho internacional, el derecho una vivienda adecuada entraña tener seguridad de la tenencia, sin la amenaza del desalojo o la expulsión del hogar o la tierra, aunque el visitador calificó como improcedente iniciar una investigación por las violaciones y en más de seis expedientes, se ordenó el cierre de la indagación preliminar. Los vecinos acusan que dicha institución protege a funcionarios que permiten el “cártel inmobiliario”, ya que ni los padecimientos médicos ni la violencia ejercida en su contra por la desatención, ha ameritado el inicio de indagatorias.

En marzo del 2024, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas para que la corrupción inmobiliaria sea considerada como un delito penal, el cual será castigo con penas de hasta 20 años de cárcel. Esto alude a los directores de obras, alcaldes, servidores del Gobierno central y de vivienda que autoricen niveles no permitidos en el uso de suelo que establece la colonia en la que se desea edificar.

Los habitantes de Francisco Murguía viven con el miedo de posible colapso o que la devaluación de sus viviendas los condene a jamás poder escapar del deteriorado lugar y que su patrimonio se remate hasta que su valor sea nulo, al mismo tiempo, las autoridades no definen a un responsable de la construcción de la obra, ante la evidencia de los delitos.