Pueblos originarios cuestionan legitimidad de la Nueva Ley Ambiental de CDMX

El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac (FDDPBOCA) emitió una réplica a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) en relación con la reciente aprobación de la Ley Ambiental. 

La organización no solo cuestiona la legitimidad de la ley, sino también acusa al gobierno de ignorar a las comunidades afectadas en el proceso legislativo y plantea detalladas críticas sobre varios aspectos de la nueva normativa.

Falta de consulta pública y legitimidad

Uno de los puntos más críticos en la réplica del Frente es la falta de consulta pública y de consulta indígena, ambas constitucionalmente previstas, antes de la aprobación de la nueva Ley Ambiental. Según el FDDPBOCA, esta omisión compromete gravemente la legitimidad de la ley.

“¿Cómo es posible que una Ley que incide en el suelo de conservación y en los territorios de los pueblos cuyos bosques, ríos, canales, chinampas contribuyen a la preservación de los derechos medioambientales de los habitantes de toda la ciudad, no haya sido siquiera puesta a consulta previa con los pueblos, barrios y núcleos agrarios?” cuestiona el Frente.

Se enfatiza que, aunque el gobierno y la Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, han destacado la importancia de los pueblos originarios y núcleos agrarios en sus discursos, esta consideración no se ha reflejado en la práctica legislativa.

Excepciones en la evaluación de impacto ambiental

Otro tema central en la réplica es la modificación del artículo 46 de la ley, que ahora permite excepciones en la evaluación de impacto ambiental para cambios de uso de suelo y obras en áreas naturales protegidas, reguladas por el Reglamento en materia de Impacto Ambiental y Riesgo.

El Frente compara las normativas anteriores y actuales para ilustrar sus preocupaciones:

- Ley vigente: "Las personas físicas o morales interesadas en la realización de obras o actividades que impliquen o puedan implicar afectación del medio ambiente o generación de riesgos requieren evaluación de impacto ambiental y, en su caso, de riesgo previo a la realización de las mismas."- Nueva ley: "Obras y actividades, o las solicitudes de cambio de uso del suelo que, en los casos procedentes, pretendan realizarse en suelos de conservación; exceptuando los supuestos establecidos en el Reglamento en materia de Impacto Ambiental y Riesgo."

El FDDPBOCA argumenta que esta nueva disposición permite que los cambios de uso de suelo u obras en áreas naturales protegidas se realicen sin necesidad de evaluación de impacto ambiental, siempre que se incluyan excepciones en el Reglamento. Este cambio podría abrir la puerta a intervenciones que pongan en riesgo los ecosistemas locales.

Permisos administrativos a privados

La réplica también critica la inclusión de permisos administrativos que permitirían a Sedems otorgar a privados la explotación de inmuebles en suelo de conservación para fines turísticos y económicos. El Frente argumenta que esta disposición es contraria a los fines ambientales y genera ambigüedades normativas que podrían facilitar la explotación comercial de espacios naturales.

En su análisis, se resalta que la ley aprobada permite que privados celebren convenios con otros privados para el uso, goce, aprovechamiento y explotación de estos "espacios". Esta posibilidad preocupa al Frente, especialmente considerando los talleres y reuniones que el gobierno ha organizado con Airbnb para "capacitar" a prestadores de servicios turísticos en suelo de conservación.

Inquietudes sobre el Programa de Ordenamiento Ecológico

El FDDPBOCA también expresa preocupación por la falta de disposiciones transitorias que mantengan vigente el Programa de Ordenamiento Ecológico mientras se expide el nuevo Programa General de Ordenamiento Territorial. En el artículo sexto transitorio de la ley aprobada, solo se menciona que seguirán en vigor los Reglamentos, pero no se hace referencia al Programa de Ordenamiento Ecológico.

Finalmente, el Frente critica la falta de una normativa específica en la nueva ley para la autorización del derribo, poda o trasplante del arbolado en suelo de conservación. La comparación de normativas muestra una omisión preocupante en la nueva ley que podría llevar a una gestión inadecuada de los recursos forestales en áreas protegidas.

- Ley vigente: "En todo caso, la autorización para el derribo, poda o trasplante del arbolado en suelo de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, se limitará a medidas fitosanitarias o de prevención de incendios."- Nueva ley: No incluye una norma específica para estas actividades.

El FDDPBOCA hizo un llamado urgente a la transparencia y a la inclusión de las comunidades originarias en la elaboración de políticas ambientales. Acusan al gobierno de la Ciudad de México de favorecer intereses privados y de desatender la preservación de los territorios de conservación. La réplica subraya la necesidad de un marco legal claro y participativo que garantice la protección de los recursos naturales y el respeto a los derechos de los pueblos originarios.

Con estas críticas, la organización insta a las autoridades a reconsiderar las modificaciones propuestas y a establecer un diálogo abierto con las comunidades afectadas para asegurar una legislación ambiental legítima y equitativa. La organización advierte que la falta de consulta y las ambigüedades normativas actuales pueden tener consecuencias graves no solo para los pueblos originarios, sino para toda la ciudad.