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El subsecretario de Control y Auditoría del Gobierno del Estado de México, Luis David Fernández, públicamente informó que presentó un paquete de denuncias penales ante la Fiscalía de Justicia de la entidad en contra de varios ex servidores públicos que laboran en las administraciones de Eruviel Ávila y Enrique Peña Nieto, luego de encontrar elementos para determinar delitos relacionados con enriquecimiento ilícito, fraude, robo, abuso de autoridad y delitos contra la hacienda pública.
Mediante sus redes sociales, Fernández señaló que dentro de las acciones de control y evaluación que se han llevado a cabo desde el primero de septiembre de 2023 al 31 de mayo de este año, se realizaron 842 auditorías, 4,200 inspecciones, 6,435 testificaciones, 3,830 reuniones, 229 acompañamientos en la atención de auditorías practicadas por los entes fiscalizadores externos y 91 seguimientos, lo cual representa 15,628 acciones en solo nueve meses.
De acuerdo con fuentes del Gobierno del Estado de México que prefierieron omitir su nombre, en una de las investigaciones encontraron que Eruviel Ávila presuntamente diseñó un complejo entramado para ocultar un sinnúmero de propiedades, algunas de las cuales fueron arrendadas al mismo Gobierno del Estado de México.
Se investiga a Gamaliel Cano García, quien fuera contralor interno en la Secretaría de Finanzas de Ávila, debido a que se le acusa de operar la constructora Procesblack, la cual ejecutaba obras y tenía a cargo varios arrendamientos de manera irregular, por mencionar uno de los casos.
Las investigaciones que realiza Luis David Fernández se deben a que sabe que administraciones previas hacían uso de prestanombres, una de las tácticas más populares para ocultar fortunas. Esto implica que familias y amigos registran propiedades a su nombre, permitiendo a los funcionarios mantener un estilo de vida lujoso sin que estos activos aparezcan en sus declaraciones oficiales.
Otra táctica es la falsificación de documentos y la subdeclaración de ingresos. Los políticos declaran sólo una fracción de sus verdaderos activos u omiten propiedades enteras, manipulando la información patrimonial para engañar al público. Por ello, se realiza una investigación a fondo de las administraciones pasadas.
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