Aprueban reforma para garantizar derecho a la alimentación y establecer sistema de comedores públicos
Según Coneval, aproximadamente un millón 218 mil personas en la Ciudad de México enfrentan carencias de acceso a la alimentación
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Se aprobó en el Congreso local el dictamen que modifica la Constitución Política de la Ciudad de México, enfocándose en el derecho a la alimentación y la creación de un Sistema de Comedores Públicos y Comunitarios. Esta iniciativa busca establecer mecanismos claros y concretos para asegurar el derecho fundamental a la alimentación en la capital del país.
Una de las metas principales es garantizar que los comedores públicos ofrezcan servicios a costos mínimos o de manera gratuita para los ciudadanos.
“Es esencial que este derecho sea promovido y protegido desde la legislación”, afirmó Diego Orlando Garrido López, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, durante la presentación del dictamen. Resaltó la importancia del derecho humano a la alimentación, calificándolo como primordial para la subsistencia de todas las personas.
El contexto subraya la urgencia de esta reforma: según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aproximadamente un millón 218 mil personas en la Ciudad de México enfrentan carencias de acceso a la alimentación, según el Informe de Pobreza y Evaluación de las Entidades Federativas 2020.
Desde 2009, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado el Programa de Comedores Sociales a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Este programa, que incluye Comedores Comunitarios, Comedores Públicos y Comedores Consolidados, ha sido clave para reducir la pobreza alimentaria, logrando una disminución del 6.4% en 2023.
El dictamen aprobado ahora formaliza y expande este esfuerzo, estableciendo un Sistema de Comedores Públicos y Comunitarios con reglas claras que permitan el acceso a una alimentación de calidad a costos mínimos o gratuitos. Esto, en esencia, garantiza el derecho a la nutrición de los capitalinos.
Legisladores de diversas fracciones políticas han mostrado su apoyo a esta reforma. Adriana María Espinosa (Morena) destacó que la reforma constitucional permitirá establecer mecanismos concretos para asegurar el derecho a la alimentación y promover el bienestar social.
Por su parte, Jorge Gaviño Ambriz (Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal) celebró la creación de un sistema que convierte un programa exitoso en un derecho constitucional respaldado por recursos públicos. Fausto Manuel Zamorano Esparza (PRI) enfatizó que esta medida aborda de manera integral la necesidad de satisfacer la demanda de alimentos desde una perspectiva social.