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Trabajadores y víctimas de procesos negligentes de la Fiscalía capitalina rechazan la aprobación de la Reforma al Poder Judicial cuando la institución no resuelve delitos, no es surtida de insumos para la resolución de indagatorias, desprotege a los empleados al momento de sufrir lesiones a causa del mal estado del mobiliario y conforme pasaron los años, redujo el recurso económico para la implementación de tecnología y materiales que agilicen las investigaciones en las carpetas.
De acuerdo con los afectados, es inútil que se elijan por voto popular a las personas juzgadoras, cuando no son dotados de elementos sólidos en las carpetas de investigación que revisarán, pues varios de los análisis que se exponen en las indagatorias, tuvieron que ser realizados al azar, por ejemplo, al examinar diversas dosis de droga en un delito, el perito solamente inspeccionó una porción del narcótico por falta de materiales y en consecuencia, se determina que todas las sustancias son ilegales y así se registra en la carpeta, sin averiguaciones completas.
Además, acusaron que los titulares que ocupan diversos cargos y que tienen diversas denuncias, han sido solapados al no contar con un procedimiento de investigación por un posible delito, además, estos no cumplen con los requisitos de licenciatura que la Ley exige para desempeñar el cargo.
En datos consultados vía transparencia, se identificó que desde el 2018 al 2024, la Fiscalía disminuyó paulatinamente la inyección económica hacia servicios periciales, Banco de ADN y pruebas periciales, aunque algunos de estos rubros se encuentran en blanco y otros, de los cuales, el personal tiene más quejas, como gastos de gasolina, la institución no respondió.
En 2018, la Institución reportó una suma de 399 millones 503 mil, 520 pesos en el rubro análisis y estudios de las pruebas periciales, mientras que en 2023, únicamente se registró el monto de 35 millones 607 mil 984 pesos, es decir, más de 363 millones menos pesos utilizados para el estudio de indagatorias en crímenes.
En la tabla exhibida por la Fiscalía, algunos conceptos como servicios personales y bienes e inmuebles intangibles, están reservados.
Lo mismo sucede con el presupuesto para la operación del banco de ADN, el cual, en el 2020, sí se se exponen todos los rubros, con un total de 73 millones 797 mil 482 pesos, pero en el 2021, la institución disminuyó el presupuesto a 19 millones 99 mil 578 y para 2022, el recurso fue menor, de nueve millones 417 mil 156 pesos; desde su creación, hasta la última cifra reportada, el dinero que se otorgó bajó más de 64 millones, aunque también, conceptos como servicios generales, están ocultos en algunos años.
Hacia ello, los trabajadores exponen que conforme pasa el tiempo, el trabajo en la Fiscalía es mermado por la incapacidad del mobiliario y utensilios para la resolución de delitos, no obstante, han encontrado la manera de resolverlo, al pagarlo con su dinero, para que no sean amonestados por el área de Asuntos Internos, zona que tiene la facultad de destituirlos temporalmente si no cumplen con sus funciones, sin importar la razón por la que no laboraron. Dada la problemática, sostienen que una reforma al Poder Judicial debería de resolver las deficiencias de la Fiscalía, como primer paso en búsqueda de la Procuración de Justicia.
“El parque vehicular no tiene recurso, están en muy mal estado, la institución se ha encargado de decir en los medios de comunicación que te dotan de todo recurso. La Reforma al Poder Judicial debería de arreglar esto, que somos los que recibimos las denuncias, ayudamos a las víctimas y hacemos las carpetas. Los anfiteatros están en malas condiciones, ya no hay cupo en los contenedores para echar las batas, sábanas de hospitales con las que entregan los cadáveres. La Coordinación Territorial no se acerca a los coordinadores de periciales para verificar que las planchas anatómicas no deben de estar tan altas, porque al manipular al cadáver, te lastimas y deben de estar bajas, como lo marcan las normas internacionales, eso les vale”, dijo un perito de identidad reservada.
“El anfiteatro, al no recibir limpieza, es un foco de infección a tu salud, nos han atacado las bacterias y cuando vas al ISSSTE, no lo considera como enfermedad profesional y pierdes la prestación económica. Si manipulo un cadáver que la camilla esté llena de sangre y no lo limpio, es un foco de infección, pero nos hemos lesionado y enfermado por las condiciones en la que está el anfiteatro. Si somos una institución que procura observar las Leyes para sancionarte, no lo hace para tener las condiciones idóneas para que hagas tu trabajo”.
“Deberían de dotar de mascarillas especiales para el manejo de cadáveres en estado de putrefacción, quien la tiene es porque la compró con su dinero. Si tenemos que revisar 20 kilos de cocaína, para ahorrar material no se le practica la prueba a todos, solamente a cinco; para no consumir tantos reactivos, se hace de manera aleatoria porque no hay material; en la emisión de resultados hay problemas. Si piden pruebas de Walter, no se puede hacer porque no sirve el aparato para meter la ropa y estudiar el disparo por arma de fuego”.
También, expresan que las nulas Reformas a la obligación a que se dote a la Fiscalía de recursos, provoca que los servicios se retrasen mientras el perito busca dinero para la gasolina del vehículo.
Los trabajadores alegan que otro de los problemas es que los cargos directivos son ocupados por personas que no tienen la licenciatura en derecho, como lo pide la Ley de la Fiscalía; específicamente Carlos Frausto, exdirector de Derechos Humanos de la Fiscalía, quien desde su ingreso en mayo del 2021 a noviembre del 23, se nombraba abogado sin haber obtenido la licenciatura. Asimismo, al versión pública de su Currículum fechado el 27 de mayo del 2021, que respalda la FGJCDMX, se aprecia en el campo de Escolaridad: Licenciatura y en la Carrera: Licenciatura en Derecho, sin embargo, fue hasta el 2023 que obtuvo el título de conformidad con lo establecido en acuerdo número 02/04/17, es decir por experiencia, no por procedimiento escolarizado.
Sin embargo, el pasado cuatro de septiembre, la senadora Ernestina Godoy nombró a Frausto como titular de la Secretaría Técnica, a quien nombró como egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y con diversa experiencia como asesor de organizaciones de sociedad civil; no obstante, en el Registro Nacional de Profesionistas no se presume que haya estado inscrito a la máxima casa de estudios.
Conforme a estas irregularidades, piden que se ejecute una verdadera Reforma al Poder Judicial que implique la revisión del personal de las Fiscalías, no solamente que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, sino que también los directivos de la procuración de justicia sean examinados por su experiencia y estudios.
Además, Gisela Barrón, extrabajadora de la Fiscalía, quien acusó a Federico Verga, director del enlace B de esa dirección de violencia psicológica y física, señaló a Frausto de no atender la denuncia por los presuntos ataques de los que fue víctima.
Asimismo, en la última administración, se han registrado diversos incidentes donde peritos afiliados a esa institución, son sorprendidos realizando actos ilegales, como Nancy "N", quien durante un cateo en la colonia Lomas de la Estancia, en la alcaldía Iztapalapa, robó algunos objetos y mil 365 pesos.
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