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El juicio contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez (2019-2020), y el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su participación en la crisis política de 2019, inició este jueves en el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz.
La primera audiencia comenzó con la revisión de incidentes legales presentados por la defensa de ambos acusados, quienes buscan bloquear el proceso.
El tribunal, ubicado a pocas calles de la plaza Murillo, sede del Gobierno y el Parlamento de Bolivia, amaneció con un fuerte dispositivo de seguridad. Policías antidisturbios cercaron los alrededores del juzgado, mientras se desarrollaban los primeros procedimientos legales. Tanto Áñez como Camacho fueron trasladados a la audiencia durante la madrugada.
Áñez, quien está recluida en la cárcel de mujeres de Miraflores desde marzo de 2021, fue llevada con un chaleco antibalas. Al llegar al juzgado, sonrió a los medios de comunicación y, mostrando sus esposas, aseguró que su gobierno no fue un golpe de Estado, sino el resultado de un fraude electoral.
Por su parte, Camacho, quien ha estado en prisión desde diciembre de 2022, fue trasladado desde una cárcel de alta seguridad en el Altiplano boliviano.
Otro de los acusados, Marco Pumari, exlíder ciudadano de Potosí, también se presentó en La Paz. Llegó un día antes de la audiencia y pasó la noche en la cárcel de San Pedro.
Estrategias de defensa
Los abogados de Áñez anunciaron que presentarán una excepción de incompetencia, argumentando que la expresidenta debería ser juzgada en un juicio de responsabilidades, como estipulan las normas para exjefes de Estado en Bolivia.
Sin embargo, tanto el Gobierno del presidente Luis Arce como el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), rechazan esta solicitud, ya que no reconocen la legalidad del mandato de Áñez tras la renuncia de Evo Morales en 2019.
Por otro lado, la defensa de Camacho adelantó que pedirá que el juicio sea declarado como un proceso defectuoso, con el objetivo de invalidarlo. El tribunal tiene previsto resolver estos incidentes antes de avanzar con el juicio propiamente dicho.
Mientras se desarrollaba la audiencia, en las puertas del juzgado se produjo un altercado entre partidarios del MAS y parlamentarios opositores que acudieron al proceso. Los seguidores del MAS gritaban “asesinos” a los opositores, quienes respondieron llamándolos “violadores”, en una referencia a la investigación que enfrenta Evo Morales por presunta trata de personas y estupro.
Antecedentes del caso
El proceso judicial, conocido como “golpe de Estado I”, se originó a partir de una denuncia presentada en 2020 por una exdiputada del MAS, relacionada con los eventos que llevaron a la renuncia de Evo Morales.
El Gobierno de Luis Arce y su partido mantienen que Morales fue forzado a dejar el poder por un golpe de Estado, mientras que sus detractores afirman que las protestas que causaron su salida fueron una respuesta al fraude electoral en los fallidos comicios de 2019.
En el caso también están involucrados altos mandos militares y policiales de 2019, así como dos exministros del gobierno de Áñez: Arturo Murillo, exministro de Gobierno (Interior), quien actualmente está encarcelado en Estados Unidos por un caso de soborno y lavado de dinero, y Fernando López, exministro de Defensa, quien se encuentra en Paraguay.
Áñez ya fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de prisión por el caso “golpe de Estado II”, donde fue acusada de haberse situado ilegalmente en la línea de sucesión presidencial en 2019, tras la salida de Morales.
Luis Fernando Camacho, quien fue líder del Comité Cívico de Santa Cruz durante las protestas de 2019, enfrenta una acusación por terrorismo, con la Fiscalía solicitando una condena de 20 años de cárcel en su contra. Según las autoridades, Camacho jugó un papel clave en las manifestaciones que llevaron a la renuncia de Evo Morales.
Además de Áñez y Camacho, otros acusados en este proceso incluyen a Marco Pumari y dos exjefes militares de 2019, quienes también enfrentan cargos como cómplices en los eventos que marcaron la crisis política de ese año.
El juicio continúa, mientras el país sigue dividido en torno a la legitimidad de los eventos que sacudieron a Bolivia hace cuatro años.