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Este viernes, el Tribunal de Roma emitió una sentencia que invalida la retención de 12 migrantes trasladados a Albania como parte del acuerdo migratorio entre Italia y el país balcánico. Según el fallo, emitido por la sección de Inmigración del tribunal, los migrantes, procedentes de Bangladesh y Egipto, deben ser retornados a territorio italiano, ya que Albania no es un país seguro para su permanencia.
“Los dos países de donde proceden los inmigrantes, Bangladesh y Egipto, no son seguros”, afirmaron los jueces, alineándose con una decisión previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este dictamen europeo ya había cuestionado la legalidad del sistema de traslados de Italia hacia Albania, un país fuera de la UE.
Gobierno de Meloni insiste
A pesar de la decisión judicial, el Gobierno italiano, encabezado por Giorgia Meloni, no tiene intención de frenar su plan de externalización de la gestión migratoria. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, declaró que apelarán el fallo del Tribunal de Roma y que seguirán adelante con estas políticas.
“No solo iremos adelante con los recursos judiciales, sino que seguiremos adelante también con estas iniciativas porque desde el 2026, aquello que Italia está realizando en Albania, y no solo, se convertirá en derecho europeo”, afirmó Piantedosi durante una rueda de prensa en Ventimiglia, en el marco de una cumbre italo-francesa sobre migración.
El acuerdo entre Italia y Albania contempla el traslado de migrantes rescatados en el Mediterráneo a centros de retención en suelo albanés, donde se procesan sus solicitudes de asilo o se gestionan posibles expulsiones. El primer grupo de 16 migrantes, provenientes de Egipto y Bangladesh, fue enviado esta semana a Albania bajo este esquema, pero la Justicia ya ha ordenado que 12 de ellos regresen a Italia.
Críticas internas y rechazo internacional
La decisión del Gobierno de Italia ha generado fuertes críticas tanto a nivel interno como externo. Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno y líder de la ultraderecha, atacó a los jueces que fallaron en contra del plan migratorio, acusándolos de hacer “política de izquierda”.
Salvini, quien en 2019 bloqueó el desembarco de 147 inmigrantes rescatados por la ONG española Open Arms, se enfrenta actualmente a un juicio en Palermo por secuestro de personas, con una posible condena de seis años de prisión. “El viernes antes de Navidad descubriré si para los jueces de Palermo soy culpable del secuestro de personas o si soy simplemente una persona que ha hecho su trabajo defendiendo su país”, expresó Salvini.
Por otro lado, la oposición italiana también ha alzado su voz en contra del acuerdo con Albania. Elly Schlein, líder del Partido Demócrata, instó a Meloni a desmantelar los centros de retención y pidió disculpas a la ciudadanía. “Me dirijo al Gobierno y a Giorgia Meloni: deténganse y haga marcha atrás. Deben desmantelar todo y pedir disculpas a los italianos”, reclamó Schlein, añadiendo que el acuerdo viola el derecho internacional, europeo y nacional.
A nivel internacional, la propuesta de externalización migratoria ha sido recibida con escepticismo. El primer ministro francés, Michel Barnier, expresó su rechazo al modelo italiano, argumentando que “no es transportable a Francia por razones jurídicas e institucionales”.
Estas declaraciones fueron hechas tras su encuentro en la frontera franco-italiana con los ministros italianos de Exteriores, Antonio Tajani, y de Interior, Matteo Piantedosi. Francia, al igual que otros países europeos, aboga por aumentar la cooperación con los países de origen y tránsito de los inmigrantes, en lugar de trasladar el problema a terceros países.
El acuerdo entre Italia y Albania, que fue inaugurado con el envío de los 16 primeros migrantes, sigue generando tensiones tanto dentro de Italia como en el escenario internacional.
Las críticas y acciones legales en contra del plan no parecen frenar las intenciones del Gobierno de Meloni, que espera consolidar su política migratoria en Albania y, eventualmente, en la Unión Europea para 2026.