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La victoria de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales de EU no solo implica un retorno a la Casa Blanca, sino también un giro decisivo en los procesos penales que hasta ahora pesaban sobre el republicano.
Con la investidura programada para el 20 de enero de 2025, funcionarios del Departamento de Justicia ya han señalado que la inmunidad presidencial limitará las posibilidades de que prosperen las acusaciones federales presentadas por el fiscal especial Jack Smith.
De acuerdo con las fuentes consultadas por NBC y ABC, Smith tiene la tarea de decidir cómo proceder con los casos, lo que podría implicar la retirada de cargos o incluso un informe final detallando los procedimientos, práctica común en estos casos. La defensa de Trump, por su parte, se prepara para “borrar completamente” los expedientes pendientes.
El más reciente fallo del Tribunal Supremo, que otorga inmunidad parcial a Trump, debilitó la acusación relacionada con el manejo de documentos clasificados en Florida.
En este caso, una jueza -nombrada por Trump- desestimó la validez del nombramiento de Jack Smith, señalando que su designación debía haber sido ratificada por el presidente y el Congreso, lo cual minó las perspectivas de este caso.
Por otro lado, el fiscal Smith, que ha sido blanco de críticas y amenazas durante la campaña de Trump, podría ser despedido si el exmandatario cumple su promesa de removerlo de su cargo.
Trump calificó su accionar como “excesivo” y su colaborador Mike David sugirió abiertamente que Smith “debería buscar abogado”.
El caso de Nueva York, en la cuerda floja
En el ámbito judicial, el caso más urgente de Trump se encuentra en Nueva York. Allí, el expresidente fue condenado en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales.
El juez Juan Merchan ha retrasado la sentencia mientras revisa el fallo de inmunidad del Supremo, y se espera una audiencia para el 12 de noviembre en la que la defensa buscará anular la condena argumentando interferencia electoral.
En caso de que el juez Merchan prosiga, la fecha de sentencia será el 26 de noviembre, aunque todo apunta a que la defensa seguirá solicitando dilaciones.
El cuarto caso penal contra Trump, relacionado con interferencia en las elecciones de Georgia de 2020, enfrenta sus propios desafíos. El proceso se ha retrasado debido a tensiones internas en la fiscalía y la renuncia de uno de los fiscales involucrados.
La defensa ha solicitado la destitución de la fiscal de distrito Fani Williams, lo que hace poco probable que este caso avance antes de la toma de posesión de Trump.
Para Trump y sus abogados, estos procesos representan una “caza de brujas” impulsada por una fiscalía de inclinaciones demócratas.
Su equipo legal busca ahora proteger a Trump mediante la doctrina de inmunidad presidencial, lo que significaría el cierre de una etapa legal crítica para el expresidente y su retorno a la arena política.