Denuncian muerte de preso político bajo custodia del régimen de Maduro

El venezolano, Jesús Manuel Medina Martínez, de 36 años, murió bajo custodia estatal tras ser detenido por participar como testigo electoral en las controvertidas elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto.

La oposición y organizaciones de derechos humanos aseguran que la falta de atención médica y las condiciones inhumanas en las que estuvo recluido habrían sido las causas de su muerte.

Medina fue arrestado el 29 de julio, un día después de los comicios, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Desde entonces, habría sido sometido a maltratos en celdas en el estado Anzoátegui, donde, según la opositora María Corina Machado, “fue fuertemente maltratado” y padeció una severa falta de higiene, lo que le ocasionó necrosis en ambas piernas.

Debido a sus condiciones de salud —diabetes tipo II y problemas cardíacos—, se solicitó su traslado a un hospital, petición que fue negada durante meses, alegando que se necesitaba autorización de “superiores en Caracas”.

Condiciones infrahumanas

Machado, líder del partido Vente Venezuela, expresó su dolor y repudio por el fallecimiento de Medina, a quien calificó de “valiente venezolano”. Según su denuncia, las autoridades mantuvieron a Medina en condiciones higiénicas deplorables, provocándole graves complicaciones de salud.

Finalmente, tras múltiples peticiones y denuncias, fue llevado al hospital Luis Razetti, donde los médicos decidieron amputarle ambas piernas. Medina falleció en medio del procedimiento, lo que ha generado indignación y reclamos de justicia.

La oposición venezolana y organizaciones de derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones la falta de atención médica para presos políticos, catalogándola como una violación a los derechos humanos.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) recordó que negar atención a detenidos “conlleva responsabilidad individual para quienes deben brindarla”. Esta situación ha sido señalada como un método de represión contra opositores.

“Sistemática” violación del derecho

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en Venezuela, aseguró que hay una “sistemática” violación del derecho a la defensa en el país, donde —denunció— a los detenidos después de las presidenciales del 28 de julio se les ha impedido designar a un abogado de confianza.

El presidente de la ONG, Alfredo Romero, indicó en rueda de prensa que el sistema procesal penal y la Constitución establecen como “principio fundamental” que las personas puedan escoger a su abogado, pero que, hasta el momento, a todos los detenidos en la crisis poselectoral —desatada luego de la controvertida reelección de Nicolás Maduro— se les ha “impuesto” un defensor público.

El activista explicó que, de acuerdo al artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, una persona en investigación o sus familiares pueden designar a su abogado, “y excepcionalmente es que se designa a un defensor público”.
“Hemos acudido a centros de reclusión llevando las designaciones firmadas por familiares, (pero) no hemos tenido acceso a los detenidos en ninguno de los casos”.

Romero expresó su preocupación por esta situación, porque —sostuvo— implica una “violación al derecho a la defensa constitucional, que es un derecho humano”.

Asimismo, denunció que estas personas desconocen los motivos por los cuales han sido detenidas y tampoco han tenido acceso a sus expedientes.

Según el Foro Penal, hay 1,976 “presos políticos” en Venezuela, de los cuales 1,848 fueron detenidos tras las presidenciales, en las que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció fraude y aseguró que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó por un amplio margen.