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El Gobierno de Irán ha implementado una nueva medida para reforzar el uso obligatorio del hiyab entre las mujeres. Ahora, aquellas que se nieguen a portar el velo islámico podrán ser enviadas a clínicas de rehabilitación para recibir “tratamiento psicológico”.
Según Mohammad Reza Mirshamsi, subdirector de Asuntos Sociales del Centro de Ordenar el Bien y Prohibir el Mal, la asistencia a estas clínicas se impondrá judicialmente como alternativa a las multas.
Esta medida surge en respuesta a la solicitud del Poder Judicial de encontrar opciones distintas a los castigos aplicados a mujeres detenidas por no usar el hiyab.
La finalidad, según Mirshamsi, es que estas mujeres comprendan el “daño” de abandonar el velo y cambien su actitud ante esta práctica, considerada ilegítima por el gobierno.
Apoyo “voluntario”
Recientemente, las autoridades informaron sobre la apertura de una clínica en Teherán destinada a brindar apoyo científico y psicológico a las mujeres que se sienten presionadas a no usar el hiyab.
Aunque presentada como una medida voluntaria, la creación de esta clínica sugiere un intento de coacción hacia quienes desafían las normas de vestimenta impuestas.
La inauguración se produce poco después de la detención de una joven en una universidad de Teherán por quedarse en ropa interior, hecho que se interpretó como una protesta contra la imposición del velo.
Las autoridades afirmaron que la joven tenía “problemas” y trataron de restar importancia al suceso, calificándolo de una cuestión social en lugar de un problema de seguridad.
Sanciones cada vez más severas
Desde la muerte de Mahsa Amini en 2022, tras su arresto por no llevar el hiyab adecuadamente, muchas mujeres en Irán han dejado de usar el velo como un acto de desobediencia civil.
Las autoridades han respondido intensificando los castigos, que incluyen la confiscación de vehículos y el retorno de la Policía de la moral a las calles.
En 2023, el Parlamento aprobó una ley que establece sanciones más estrictas, incluyendo penas de cárcel de hasta cinco años, multas de hasta 2,000 dólares, prohibición de conducir y deducciones salariales (con información de EFE).