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Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, presentó una propuesta de reforma constitucional que busca expandir las facultades del Ejecutivo sobre otros poderes del Estado.
Entre los cambios, destaca la extensión del mandato presidencial a seis años y la redefinición del rol de vicepresidente, ocupado por Rosario Murillo, como “co-presidente”.
Esta maniobra refuerza la posición de Murillo, quien ya es vista como la figura más visible del régimen.
El documento también propone que los diputados de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, extiendan su periodo a seis años.
Estas reformas consolidarían aún más el control de Ortega sobre las instituciones del país, alimentando las preocupaciones sobre su estado de salud y el futuro político de Nicaragua.
Control mediático y militarización
La reforma incluye medidas para ampliar el control estatal sobre los medios de comunicación, argumentando la necesidad de “protegerlos de intereses extranjeros”. Esto se suma a la controvertida ley de ciberdelitos, que castiga con hasta cuatro años de prisión a quienes publiquen noticias consideradas falsas.
Además, el presidente podría ordenar al ejército intervenir en apoyo a la policía nacional y autorizar que oficiales militares y policiales ocupen temporalmente cargos del Ejecutivo “por interés supremo”. Estos cambios fortalecerían la militarización del país, otorgando amplias facultades represivas al gobierno.
La propuesta ha generado condenas inmediatas. El grupo de derechos humanos CALIDH calificó la reforma como una “distorsión irreversible” de la Constitución.
Desde 2018, el gobierno de Ortega ha encarcelado a opositores y restringido libertades fundamentales, lo que ha provocado sanciones de EU y Europa.