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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles la aprobación en la sumisa Asamblea Nacional nicaragüense de la reforma a la Constitución, que modifica más de cien artículos para “consolidar un régimen autoritario en el país, lo que constituye otro grave retroceso para los derechos humanos y principios democráticos".
La reforma establece un modelo que el régimen llama eufemísticamente “democracia directa” y con la que pretende “centraliza el poder en la Presidencia de la República” con mandatos de seis años, criticó la CIDH en una declaración.
Este modelo, denuncia la CIDH, “elimina el principio de separación de poderes, subordinando aún más los órganos legislativo, judicial y electoral al control del Ejecutivo”.
Además, añade el organismo de derechos humanos, otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para destituir a personas que ocupan cargos públicos y que no se alineen con los “principios fundamentales” de la Constitución reformada, añadió.
¿Cuál será el papel de Ejército?
Mediante la reforma, según la CIDH, se refuerza el control del Ejecutivo sobre las fuerzas armadas y policiales, “asegurando un aparato represivo que amenaza derechos fundamentales como la libertad de expresión, protesta y asociación”.
“En particular, se facilita el uso del Ejército bajo términos ambiguos como la estabilidad de la República para reprimir a la oposición”, advirtió.
Asimismo, se oficializa la ‘Policía Voluntaria’, un cuerpo auxiliar compuesto por ciudadanos voluntarios, cuya actuación ha sido vinculada a actos represivos desde las protestas iniciadas en 2018, anotó el organismo.
“Estas medidas consolidan un entorno de militarización y control social, profundizando la capacidad del régimen para sofocar cualquier disidencia”, alertó la CIDH.
Despojo de bienes y destierro
Otros aspectos preocupantes de la reforma incluyen la reducción en la composición y la alteración de las funciones de la Corte Suprema de Justicia, profundizándose su falta de independencia, continuó.
Así como modificaciones que amplían las potestades del Ejecutivo para despojar arbitrariamente de la nacionalidad a personas nicaragüenses y, a la vez. confiscar sus bienes, agregó.
La CIDH advirtió que esas modificaciones contravienen los principios fundamentales del Estado de derecho, la democracia representativa y la separación de poderes establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
“La reforma formaliza la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo”, puntualizó ese organismo, que recordó que ese proceso fue ampliamente documentado por la CIDH en su informe “Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho”, que identificó la ruptura de los principios democráticos y la subordinación de todas las instituciones públicas desde la crisis de 2018.
La CIDH recordó que la relación entre derechos humanos, Estado de derecho y democracia está plasmada en la Carta Democrática Interamericana, la cual establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.
“La democracia representativa es la base del Estado de derecho y constituye un elemento esencial para el desarrollo político, social y económico de las naciones de la región”, indicó.
Llamado urgente
En ese contexto, la CIDH hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que redoble esfuerzos encaminados a promover la restauración de la democracia en Nicaragua.
Asimismo, exhortó a adoptar medidas coordinadas y efectivas para proteger los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense y salvaguardar los principios democráticos en la región.