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La coalición insurgente que derrocó al presidente sirio Bachar al Asad anunció este sábado la apertura de dos “centros de reconciliación” en la provincia de Latakia, en el oeste del país. Según un comunicado difundido por la Dirección General del Mando de Operaciones Militares, estos centros permitirán a los antiguos miembros del régimen regularizar su situación y recibir una “tarjeta temporal” como prueba de cumplimiento.
“Todos los miembros del régimen de Asad deberán acudir a los centros mencionados para completar la regularización y recibir la tarjeta temporal a partir del domingo, llevando consigo todos los documentos, equipos y material en su posesión”, señala el comunicado. Aquellos que no se presenten o proporcionen información falsa serán perseguidos judicialmente.
Latakia, bastión histórico de la rama alauí chií a la que pertenece la familia Al Asad, será el escenario de este proceso, aunque no se especifica si los convocados incluyen únicamente a militares y oficiales de seguridad o también a altos funcionarios civiles del régimen depuesto.
Indultos y justicia selectiva
El Mando de Operaciones Militares, liderado por el islamista Organismo para la Liberación del Levante (HTS, por sus siglas en árabe), que tomó el control el pasado 8 de diciembre, ha nombrado un gobierno de transición hasta marzo de 2023. Este gobierno ha prometido indultar a “todos”, excepto a quienes tengan las manos “manchadas de sangre de los sirios”.
El líder del HTS, Ahmed al Charaa, conocido como Abu Mohamed al Jolani, declaró el martes que su objetivo es perseguir a los responsables de crímenes de guerra, tortura y abusos contra el pueblo sirio. Entre los señalados están oficiales del Ejército y de los órganos de seguridad del régimen de Al Asad.
Latakia, un foco estratégico
La elección de Latakia para establecer los centros de reconciliación no es casual. Como bastión alauí y símbolo de apoyo al régimen de Al Asad, esta provincia representa un desafío político y social para la coalición insurgente. La estrategia parece buscar consolidar el control sobre la región al ofrecer un proceso de regularización para aquellos que decidan colaborar.
Sin embargo, los términos del proceso y las condiciones impuestas podrían generar tensiones, especialmente entre quienes temen represalias o no confían en las promesas de indulto. La insurgencia, por su parte, sigue destacando su intención de diferenciar entre quienes cooperaron con el régimen y aquellos directamente implicados en crímenes contra la población.
El desarrollo de estos “centros de reconciliación” será clave para observar cómo la coalición insurgente intenta estabilizar el país mientras mantiene su promesa de justicia para las víctimas del régimen de Al Asad.