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Nicolas Sarkozy se convirtió este miércoles en el primer presidente de Francia condenado a arresto domiciliario y a llevar un brazalete electrónico de preso.
El Tribunal Supremo ratificó la pena de un año de arresto domiciliario contra el político conservador, por corrupción y tráfico de influencias, impuesta hace año y medio por una corte de apelaciones y que ya en su día causó revuelo, por la importante influencia que aún ejerce el inquilino del palacio del Elíseo entre 2007 y 2021 y por su elevada popularidad, muy por encima del actual mandatario, Emmanuel Macron.
El expresidente conservador fue condenado por haber prometido en 2014 al juez Gilbert Azibert usar su influencia para un cargo honorífico, a cambio de obtener información que estaba bajo secreto de sumario en otra instrucción contra él.
La prueba acusatoria, una conversación del entonces presidente con su abogado, quedó grabada por la policía que intervino un teléfono secundario usado por Sarkozy, creyendo que sólo estaba intervenido el teléfono oficial, por otro caso en el que estaba siendo investigado.
Tanto en el tribunal de primera instancia como en el de apelaciones, los jueces consideraron probado que hubo una intención corrupta y de tráfico de influencias.
Por ello le condenaron a tres años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y el restante con la posibilidad de hacerlo en arresto domiciliario con brazalete electrónico, pena confirmada ahora por la máxima instancia judicial del país.
En un comunicado difundido en sus redes sociales Sarkozy denunció que la condena reposa en “fragmentos de conversación entre un abogado y su cliente, confidenciales por definición”, un argumento que muchos expertos franceses consideran válido.
Ahí reposará su línea de defensa en el Tribunal Europeo de Estrasburgo, donde su abogado, Patrice Spinosi, aseguró que existe jurisprudencia que les da razón sobre el secreto profesional que rodea los contactos entre letrados y clientes.
Nada de eso evitará que Sarkozy lleve un brazalete electrónico en su tobillo en los próximos días, quizá ya el próximo 6 de enero cuando vuelva al banquillo de los acusados en la apertura del juicio por el presunto financiamiento ilegal de su campaña de 2007 con fondos del régimen libio de Muamar Gadafi.
Además, Sarkozy está procesado en una investigación por presuntas presiones al testigo que le acusó de recibir dinero de Trípoli, una causa cuyo juicio todavía no tiene fecha.
Un cargado calendario judicial que degrada la imagen de un personaje que mantiene una enorme influencia política en el país.