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2024 será recordado como el año en que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, obligó al mundo a ser testigos, hasta la repugnancia por las imágenes explícitas, de la masacre de palestinos en Gaza, como si todo el pueblo que vive encerrado y hacinado en la Franja (2.3 millones), incluidos niños, mujeres y ancianos, hubiese recibido una condena a muerte colectiva por el salvaje atentado terrorista de Hamás contra ciudadanos israelíes, ocurrido el 7 de octubre de 2023.
Gracias a la ayuda de Estados Unidos, que no cesó en ningún momento de enviar armas a Israel y vetó todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para exigir un alto el fuego (el presidente Joe Biden vetó incluso exigir a Israel el ingreso de ayuda humanitaria) las fuerzas israelíes llevaron al límite de lo insoportable el castigo contra el pueblo gazatí, por el ataque de Hamás, que como dijo el secretario general de la ONU, “no surgió de la nada”, en alusión a la frustración y el rencor acumulados tras casi seis décadas de ocupación israelí de territorios palestinos.
Tuvo que transcurrir casi todo el año de bombardeos diarios para que, finalmente, la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera el 21 de noviembre una orden de arresto contra Netanyahu, contra su entonces ministro de Defensa Yuval Gallant, y contra un líder de Hamás, por crímenes de guerra y lesa humanidad: asesinatos masivos, tortura, trato inhumano a los prisioneros, destrucción injustificada de bienes y (en el caso de Hamás, toma de rehenes).
El tribunal de La Haya que juzga a individuos por los crímenes más graves contra la humanidad no se atrevió a acusar a Netanyahu del peor de todos: el de genocidio, de igual manera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la que juzga a los Estados por los mismos delitos, tampoco se atrevió en enero a condenar a Israel de genocidio, como así lo pidió Sudáfrica, con el apoyo de varios países, entre ellos México.
“Más allá de toda duda”
El fallo de la CIJ del 26 de enero admitió que era “plausible” (indicios razonables, pero sin certeza) de que Israel estuviese cometiendo un genocidio en Gaza, pero no se atrevió a ordenar a Netanyahu un alto el fuego inmediato humanitario, como argumentaron los expertos en justicia universal del país africano, sino que ordenó medidas cautelares a las autoridades israelíes, mientras siguiese en marcha la investigación oficial, como asegurar que las fuerzas israelíes no cometiesen actos de carácter genocida ni destruyesen posibles prueba, además de permitir la “entrega de la ayuda humanitaria esencial precisada con urgencia por los palestinos”.
Detrás de esta cautela de los dos tribunales que velan por la justicia universal para condenar por genocidio a un Estado o a un individuo, está la obligación ética de no acusar del peor delito contra la humanidad —el intento de exterminio de un pueblo, nación, minoría o grupo racial, étnico o religioso—, sin antes no ha reunido suficientes pruebas incriminatorias “más allá de toda duda”.
Pues bien, después de un año reuniendo todo tipo de pruebas, Amnistía Internacional llegó a la conclusión de que ya no hay duda de que se está cometiendo genocidio en Gaza. Un informe publicado el 5 de diciembre, concluía que Netanyahu, como responsable último del gobierno y el Ejército de Israel, no debería ser arrestado y juzgado sólo por crímenes de guerra y lesa humanidad por las matanzas contra civiles palestinos, sino por genocidio, ya que puso en marcha un plan de exterminio de la población de Gaza, destruyendo sus infraestructuras, sus escuelas, sus centrales eléctricas y sus viviendas (sin avisar previamente a sus ocupantes) y negando el paso de alimentos, medicinas y agua potable, a sabiendas de que generará hambruna y enfermedades mortales.
En su denuncia, AI condena por su extrema crueldad la destrucción de los hospitales de la Franja, con el objetivo de impedir el socorro de decenas de miles de heridos por fuego israelí o que sean atendidos enfermos, muchos por desnutrición o agua contaminada debido al bloqueo de las fronteras, o que las mujeres embarazadas tengan un lugar seguro donde parir, disparando la mortalidad entre neonatos; todo esto con la intención de reducir por la fuerza el crecimiento de la población palestina, otro crimen de “limpieza étnica” tipificado como delito por la Convención de la ONU contra el Genocidio.
Pero hay otro elemento clave del informe de Amnistía Internacional que debería ser considerado por los tribunales de la ONU para reconsiderar que lo que está haciendo Israel en Gaza no es sólo un crimen de guerra, sino un genocidio: la deshumanización de las víctimas.
“Es como si fuéramos seres inhumanos”
El título del informe de Amnistía Internacional que alerta de un genocidio en marcha en Gaza explica, con el testimonio de un habitante de Gaza por qué Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino: “Es como si fuéramos seres infrahumanos”.
La reacción del gobierno israelí no se hizo esperar y atacó con la misma estrategia de calumnias contra todos los que han osado protestar o indignarse, por ejemplo, por la muerte de más de 15 mil niños palestinos: señalando a sus críticos como “amigos de los terroristas” y culpándolos de “antisionistas” (contrarios al Estado de Israel) e incluso “antisemitas” (enemigos del pueblo judío).
Pero el propio ministro de Defensa israelí hasta su reciente destitución, Yoav Gallant, delató las oscuras intenciones genocidas del gobierno de Netanyahu, cuando justificó el asesinato en masa de familias enteras de palestinos, periodistas sobre el terreno o personal sanitario, señalando que “estamos luchando contra animales humanos”.
Que Gallant rebajase a los palestinos a la condición de “animales” —como hicieron los líderes hutus, cuando llamaron al genocidio de las “cucarachas” tutsis, o recurriendo a un símil de los nazis, cuando para justificar el exterminio de los judíos, al considerarlos “subhumanos (“untermensch”)— revela el carácter genocida de la campaña de Israel en Gaza.
Y finalmente, hay otro factor que impulsa a Netanyahu a impulsar esta “limpieza étnica” en marcha para vaciar de palestinos los territorios ocupados ilegalmente (Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental) y a negarse incluso a negociar un alto el fuego para liberar a los rehenes y acabar con la agonía de los familiares: su ambición de aferrarse al poder.
Mientras Netanyahu siga siendo primer ministro, en vez de estar sentado en el banco de los acusados en La Haya, hará todo lo posible para librarse de los juicios que tiene por corrupción y, lo más grave, vetará cualquier investigación que concluya con lo que todos los israelíes ya sospechan: que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, el peor contra el pueblo judío desde el Holocausto, se debió a una gravísima falla de sus servicios de inteligencia y a que, su obsesión con vigilar sólo los movimientos del enemigo iraní y de sus aliados de Hezbolá en Líbano, despreció las alertas de las jóvenes soldados israelíes, que desde sus torres de vigilancia llevaban meses advirtiendo de maniobras de milicianos palestinos en Gaza y de que Hamás planeaba algo grave contra Israel.