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El juez federal de Argentina, Ariel Lijo, solicitó a la Policía internacional (Interpol) gestionar la orden de captura internacional contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a través del sistema de alertas rojas por crímenes de lesa humanidad en el marco de un caso abierto bajo el principio de jurisdicción universal, destacan medios internacionales.
Dario Richarte, abogado que promueve el caso contra Daniel Ortega desde 2022, subrayó en un mensaje publicado en la red social X que esta orden es “un poco de luz entre tanta oscuridad. Un poco de justicia para tantas víctimas”.
De acuyerdo con información del periódico local “La Nación” refiere que la orden de captura contra Ortega y su esposa se registra después de que el fiscal argentino, Eduardo Taiano abriera una investigación n octubre pasado tras determinar que la pareja presidencial nicaragüense sí cometió crímenes de lesa humanidad como detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada o torturas.
Derivado de esta situación y con la solicitud de búsqueda y captura a la Interpol, el juez argentino Ariel Lijo ha citado a declarar a Ortega y a Murillo por violación de Derechos Humanos. Las mismas medidas también se han impuesto contra otros altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, según el portal de noticias Infobae.
La denuncia, que se sustenta en el artículo 118 de la Constitución sobre jurisdicción universal, fue presentada por el abogado Richarte y un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ante el clima de represión que se vive en Nicaragua desde las protestas antigubernamentales de 2018.
El Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) celebró este 30 de diciembre la decisión en una publicación en redes sociales. “Desde cada espacio posible sigamos actuando con firmeza para poner fin a la impunidad”, ha subrayado.
La Justicia argentina aplicó con anterioridad el principio de jurisdicción universal a casos como el de 2010 en el que abrió una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el régimen franquista.
En noviembre de 2021, la Justicia argentina admitió a trámite una denuncia para juzgar los crímenes perpetrados contra la minoría rohingya durante décadas por las autoridades birmanas en el estado de Rajine. (Información de Agencias)