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Un tribunal de Seúl aprobó este martes la solicitud de un equipo conjunto de investigación para detener temporalmente al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, acusado de insurrección y abuso de poder tras declarar una breve ley marcial el pasado 3 de diciembre. Esta decisión convierte a Yoon en el primer mandatario en ejercicio en la historia democrática del país en enfrentar una orden de arresto.
El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl emitió la orden luego de que Yoon ignorara tres citaciones para ser interrogado. Según los investigadores, la declaración de ley marcial tuvo como objetivo impedir que el Parlamento votara en contra de su imposición. Aunque el ejército finalmente se negó a cumplir las órdenes presidenciales, los parlamentarios lograron revocar la medida en unas pocas horas.
Inmunidad presidencial en duda
A pesar de su inmunidad presidencial, Yoon enfrenta cargos de insurrección, un delito que en Corea del Sur conlleva cadena perpetua o pena de muerte, aunque existe una moratoria desde 1997. La Asamblea Nacional destituyó al presidente el 14 de diciembre, suspendiendo sus funciones mientras el Tribunal Constitucional decide sobre su inhabilitación permanente.
Un funcionario de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) explicó que la orden de detención es válida por una semana y que aún no se ha ejecutado debido a las restricciones impuestas por el Servicio de Seguridad Presidencial, que ha bloqueado intentos previos de registro en la oficina y residencia oficial de Yoon.
Defensa del presidente
Los abogados de Yoon argumentan que la orden de arresto es ilegal, señalando que solo la Fiscalía tiene autoridad para solicitarla. Además, han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar la medida, calificándola de “inconstitucional”.
Yoon ha negado las acusaciones, asegurando que su decisión de imponer la ley marcial fue un “acto de gobernanza” destinado a prevenir lo que considera un abuso del poder legislativo por parte de la oposición. Según el exmandatario, el Parlamento, controlado por la oposición, busca desestabilizar al Estado y favorecer indirectamente a Corea del Norte.
Implicaciones políticas y jurídicas
La incertidumbre sobre la ejecución de la orden refleja el complejo panorama político y judicial que enfrenta Corea del Sur. Este caso no solo expone una profunda división política, sino que también plantea interrogantes sobre los límites de la inmunidad presidencial y el alcance de las instituciones judiciales en el país.
El CIO tiene 48 horas para interrogar a Yoon antes de decidir si solicita una extensión de la orden de arresto. Mientras tanto, la atención nacional e internacional se centra en cómo evolucionará esta inédita crisis política en el país asiático.