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La operación para arrestar al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, quedó cancelada este viernes tras un enfrentamiento de varias horas entre agentes de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) y el servicio de seguridad presidencial.
Hacia las 13:30 hora local, las autoridades determinaron que era “virtualmente imposible ejecutar la orden” por la férrea resistencia de 200 miembros del servicio de seguridad que formaron perímetros en torno a la residencia presidencial en Seúl.
El portavoz del CIO, citado por Yonhap, lamentó profundamente la actitud del presidente, quien ignoró tres citaciones previas y se negó a cumplir con la orden judicial. Pese a los esfuerzos del equipo conjunto de 20 investigadores y 80 policías, el bloqueo persistente obligó a cancelar la operación para evitar riesgos a la seguridad de los presentes.
El CIO convocó al jefe de seguridad presidencial, Park Jong-joon, a declarar por posibles delitos de obstrucción, mientras explora nuevas medidas legales.
Manifestantes a favor de Yoon
La residencia presidencial se convirtió en el epicentro de manifestaciones masivas, donde 11 mil seguidores del presidente celebraron el anuncio de la cancelación de la operación. Entre los manifestantes predominan personas mayores de 60 años, aunque algunos jóvenes como Hong-shin, un estudiante de 26 años, también respaldan al mandatario.
Hong-shin, que sostiene una pancarta con el lema “Stop the steal!” popular entre seguidores de Donald Trump, considera que las elecciones legislativas de 2024 fueron manipuladas en contra del presidente. Desde Daejeon, a 140 kilómetros al sur de Seúl, este joven asegura que continuará apoyando a Yoon incluso si es arrestado.
Algunos manifestantes expresaron teorías conspirativas sobre Lee Jae-myung, líder de la oposición y favorito a la presidencia, acusándolo de ser un espía del Partido Comunista Chino. Estas declaraciones reflejan la polarización política que atraviesa el país.
Citan fallo que protege a Trump
La operación involucró un despliegue de 2 mil 700 policías en el barrio de Hannam, Seúl, para evitar disturbios entre los seguidores de Yoon y sindicatos que protestan en favor de su arresto. Las tensiones se mantienen altas ante el riesgo de choques entre ambos grupos.
Por otro lado, los abogados de Yoon argumentaron ante el Tribunal Constitucional que la orden de arresto debería ser anulada. Alegan que solo la Fiscalía puede solicitar detenciones por insurrección, delito para el cual un presidente surcoreano no tiene inmunidad.
Además, justificaron la ley marcial decretada el 3 de diciembre como una medida necesaria ante una “situación de emergencia nacional”.
El documento presentado por los defensores cita un fallo del Tribunal Supremo de EU que protege a Donald Trump de ser procesado por decisiones dentro de sus poderes presidenciales.
En este contexto, Yoon permanece destituido por el Parlamento desde el 14 de diciembre, esperando una decisión definitiva del Tribunal Constitucional que podría restituirlo o cesarlo de manera permanente.