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En los últimos días de su presidencia, Joe Biden anunció la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 230,000 salvadoreños y 600,000 venezolanos residentes en EU.
La medida responde a las crecientes presiones de activistas y legisladores que instaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a continuar brindando protección a quienes enfrentan desastres o conflictos en sus países de origen.
El DHS justificó la extensión para El Salvador citando las condiciones ambientales adversas, como los recientes eventos climáticos extremos, que dificultan el retorno seguro de los ciudadanos. En el caso de Venezuela, la decisión se basó en la crisis humanitaria severa que atraviesa el país debido a problemas políticos y económicos.
Maduro y la crisis venezolana
La noticia coincidió con la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial en Caracas, un hecho que ha generado rechazo tanto dentro como fuera de Venezuela. Maduro enfrenta acusaciones de fraude electoral y represión, y su gobierno ha sido señalado como responsable de la profundización de la crisis económica y social.
En respuesta, Estados Unidos reiteró su desconocimiento del mandato de Maduro, ofreciendo una recompensa de $65 millones por su captura y la de dos de sus aliados cercanos, acusados de narcotráfico internacional.
Incertidumbre para el futuro del TPS
Actualmente, alrededor de un millón de inmigrantes de 17 países, incluidos Haití, Honduras, Nicaragua y Sudán, están protegidos bajo el TPS. Sin embargo, esta designación no ofrece un camino a la ciudadanía, dejando a los beneficiarios dependientes de renovaciones periódicas.
Donald Trump y su vicepresidente electo, JD Vance, han prometido reducir el alcance del TPS como parte de su agenda de deportaciones masivas. Durante su primera administración, Trump intentó terminar el TPS para El Salvador, pero fue bloqueado por litigios.
Activistas han intensificado su presión sobre Biden para extender la protección a otros países como Guatemala y Ecuador, mientras advierten sobre las posibles consecuencias de dejar desprotegidas a miles de personas. Según Felipe Arnoldo Díaz, de la Alianza Nacional TPS, esta extensión es apenas “una pequeña victoria” en una lucha más amplia por la estabilidad migratoria.
Para beneficiarios como José Palma, salvadoreño residente en Houston desde 1998, la extensión significa estabilidad laboral y familiar. “Es un respiro, 18 meses más de protección”, comentó Palma, quien sostiene a su madre de 73 años en El Salvador con remesas mensuales.