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Cada año, empresas estadounidenses exportan más de 1 millón de toneladas de residuos peligrosos a otros países, principalmente a México y Canadá, según una investigación de The Guardian y Quinto Elemento Lab.
Desde 2018, estas exportaciones han aumentado un 17 %, lo que genera preocupaciones sobre su impacto en la salud y el medio ambiente.
En la zona metropolitana de Monterrey, México, una planta que recicla polvo tóxico generado por la industria siderúrgica de EU ha contaminado hogares y escuelas con plomo, cadmio y arsénico, según la investigación.
Este problema no es aislado: las plantas de reciclaje de baterías también generan preocupaciones por emisiones que afectan la calidad del aire y exponen a los trabajadores a metales pesados peligrosos.
El reciclaje de baterías de plomo-ácido es un caso destacado. EU exportó cerca de 500,000 toneladas de estas baterías en 2022, la mayoría hacia México. Aunque reciclar metales como el plomo es esencial, el proceso conlleva riesgos graves para la salud.
En México, la falta de normas ambientales estrictas y de inversión en su cumplimiento deja a comunidades cercanas a estas plantas en situación de vulnerabilidad.
Un informe de Occupational Knowledge International de 2023 reveló niveles altos de plomo en los suelos alrededor de plantas de reciclaje en Monterrey. Esto evidencia que México tiene estándares ambientales y ocupacionales más laxos que EU, lo que genera una injusticia ambiental hacia las comunidades receptoras.
Luis Hernández, un exempleado de una planta recicladora en Monterrey, relató condiciones laborales precarias y exposición prolongada al plomo. Aunque se exigía el uso de máscaras y análisis de sangre periódicos, muchos trabajadores retiraban las máscaras por incomodidad, lo que aumentaba los riesgos de salud.
Canadá: impacto ambiental
En Canadá, el impacto ambiental también preocupa. En Quebec, cerca de una fundidora que procesa residuos electrónicos, incluidos materiales provenientes de Silicon Valley, se detectaron niveles altos de arsénico en las uñas de residentes locales.
En otro sitio de Quebec, residuos tóxicos se entierran en enormes celdas cercanas a turberas, un entorno frágil que podría verse gravemente afectado.
Martine Ouellet, exministra de Recursos Naturales de Quebec y líder del partido Climat Québec, denunció la importación de 47,000 toneladas de residuos peligrosos estadounidenses en 2022, calificándola como un acto irresponsable. “¿Cómo podemos aceptar ser el basurero de EU?”, cuestionó Ouellet, quien lucha contra la expansión de un vertedero cerca de Montreal.
“Colonialismo de residuos”
Expertos y activistas critican el envío de residuos tóxicos desde países ricos a naciones con menor capacidad de gestión ambiental. Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes en México, lo describió como “colonialismo de residuos”.
La exportación de desechos peligrosos representa una forma de explotación que deja a las comunidades receptoras enfrentando las consecuencias ambientales y de salud.
A pesar de que las leyes estadounidenses exigen una gestión responsable de los residuos peligrosos desde su origen hasta su disposición, este compromiso termina en la frontera. Una vez que los residuos cruzan a México o Canadá, EU pierde control sobre su manejo.
Las empresas exportadoras destacan que esta práctica no solo es legal, sino también más barata y, en algunos casos, más segura que alternativas dentro de EU.
Sin embargo, ejemplos como el de Temarry Recycling, una planta en Tecate, México, ilustran los riesgos. En 2022, esta instalación fue cerrada temporalmente tras liberar químicos al aire, lo que generó quejas de la comunidad. Además, informes periodísticos documentaron antecedentes de violaciones ambientales y denuncias de gestión inadecuada de residuos.
Implicaciones globales
El comercio de residuos tóxicos opera como cualquier otra industria: busca las opciones más baratas y con menor regulación. Esta práctica ha dado lugar a un “carrera hacia el fondo”, donde los desechos terminan en países con supervisión ambiental débil o inexistente.
Con agencias ambientales debilitadas, como Profepa en México, que ha sufrido recortes presupuestarios del 50 % en la última década, el control de las empresas que manejan estos residuos es mínimo. Esto pone en riesgo no solo la salud de las comunidades locales, sino también la sostenibilidad ambiental de las regiones receptoras.
En un contexto de creciente preocupación global por la justicia ambiental, expertos insisten en la necesidad de fortalecer las regulaciones y garantizar que los países receptores no paguen el precio de los residuos tóxicos de las naciones más ricas (con información de The Guardian).