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En Colombia el gobierno del presidente Gustavo Petro publicó este viernes un decreto mediante el que declara estado de conmoción para varios municipios del noreste de Colombia, cinco días después de que se anunciara la crisis de seguridad que vive la región del Catatumbo por la ola violenta desatada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El presidente Petro subrayó que “el ELN ha incrementado sus ataques y hostilidades contra la población civil y, especialmente contra los firmantes del acuerdo final de paz en la región del Catatumbo, lo cual es promovido y financiado, entre otros, con los recursos provenientes de las actividades y economías ilegales en esta región”.
La administración federal en Colombia considera que “se presenta una perturbación extraordinaria del orden público en la región del Catatumbo, derivada de enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos forzados masivos, afectaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil, alteración de la seguridad y daños a bienes protegidos y al ambiente”.
Según el decreto de 19 páginas firmado por todo el gabinete, la conmoción interior durará 90 días y se extenderá a 16 municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos los 11 del Catatumbo afectados por los enfrentamientos entre el ELN y una disidencia de las FARC; a Cúcuta, capital departamental, y a dos del departamento del Cesar, que están recibiendo desplazados.
Esto porque “el ELN ha escalado de manera imprevisible a una magnitud que desborda la capacidad ordinaria del Estado”. Se trata de una medida excepcional que, según la Constitución, el presidente puede decretar “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”.
Con la medida adoptada “el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos”. En el decreto se justifica la declaración, criticada por muchos sectores de Colombia, por el hecho de que ya se han recibido 41 cuerpos, aunque las autoridades cifran entre 60 y 80 los muertos por la violencia.
La ola violenta ha dejado más de 36,000 desplazados, lo que significa que 700 personas han dejado sus lugares de origen entre el 17 y el 19 de enero y migrado a Venezuela, además de que 395 personas han sido sacadas de la región, según apunta el decreto. (Información de EFE)