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Al considerar que las acciones de caza de migrantes indocumentados podría etiquetar a su comunidad como “racista”, habitantes del pueblo sureño de California, El Cajón, que se había caracterizado por no permitir la presencia de personas sin papeles en la región, advierte que no apoyará las redadas lanzadas desde el pasado 20 de enero con el gobierno de Donald Trump,
La decisión fue adoptada por el Concejo municipal, que había aprobado a mediados de este mes una resolución en apoyo a las autoridades migratorias, cuando el presidente Trump todavía no asumía el cargo. El alcalde republicano Bill Wells, impulsó aun cuando contradecía leyes estatales que prohíben a los agentes del orden en California apoyar a oficiales del ICE.
Conforme pasaron los días, los miembros del Concejo narraron en una audiencia, que comenzaron a recibir correos electrónicos y mensajes con quejas de vecinos que temen ser detenidos por su aspecto y rasgos culturales.
La mitad de la población del pueblo de poco más de 100 mil habitantes es blanca; otro 20 % es latina; sobresalen también refugiados de Irak y Afganistán con Estatus de Protección Temporal (TPS) y también hay comunidades africanas y asiáticas.
A los mensajes siguieron protestas, especialmente cuando comenzaron a registrarse las redadas contra migrantes.
Algunos miembros del cabildo modificaron entonces la resolución con reconocimiento a la población local migrante, pero todavía dejaron intacto el tema de la participación de la policía local en apoyo en redadas.
Los cambios incluyeron frases como el reconocimiento de “vibrantes y diversas comunidades inmigrantes” que tanto han aportado culturalmente y en diversidad a la ciudad.
Pero cuando las redadas comenzaron en el condado de San Diego y hubo detenciones a unos kilómetros de El Cajón, la presión de los habitantes de la zona aumentó. “Por qué debo llevar conmigo mi certificado de nacimiento para ir a comprar comestibles”, cuestionó una mujer.
Un hombre preguntó si los regidores que aprobaron la resolución consideraron que puede haber redadas de padres en escuelas elementales y preescolares.
Los miembros del cabildo revisaron la resolución, a excepción del alcalde Wells, que advertía que la administración Trump llevaría a juicio a los funcionarios que se nieguen colaborar con las detenciones de migrantes.
“Estamos entre la espada y la pared”, subrayó el alcalde cuando la mayoría del cabildo decidió revisar la resolución en una audiencia pública.
La concejala Michelle Metzchel dijo en la reunión que había recibido más de 100 correos electrónicos que le impactaron.
“Yo no quiero ser parte de esto; esto nos hace ver como racistas y yo no quiero ser parte. Había aprobado inicialmente la resolución, pero puedo ser una mujer adulta y puedo cambiar de parecer”, dijo.
La medida fue rechazada con base en la Ley de los Valores de California, que prohíbe a los funcionarios públicos y agentes del orden colaborar con autoridades de migración.
Vecinos acusaron que vieron convoyes de vehículos militares camuflados que cruzaron parte de la ciudad de San Diego para llegar a una base militar en Imperial Beach, en la frontera con Tijuana, en México.
ICE empezó operativos en San Diego en coordinación con el FBI y la DEA, advirtió el dirigente Pedro Ríos, del Comité de Servicios de los Amigos Americanos.
Comenzaron a buscar personas con órdenes de deportación por antecedentes o porque habían agotado posibilidades ante una corte.
Los operativos se han llevado a cabo en comunidades vecinas como Escondido y Encinitas, y pronto se extendieron a El Cajón, la ciudad de San Diego, Oceanside, San Marcos. (Información de EFE)