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Más de la mitad de los deportados bajo el nuevo gobierno de Donald Trump eran trabajadores o estudiantes indocumentados sin ningún delito, ni siquiera una multa de tráfico, lo que contradice la justificación del presidente de Estados Unidos de que todos los expulsados tienen antecedentes criminales.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había estado publicando los totales de aprehensiones diarias en su cuenta de X en los primeros días del segundo mandato de Trump, que comenzó el 20 de enero, pero dejó de hacerlo a principios de febrero. No obstante, datos obtenidos por la organización ProPublica y el diario The Texas Tribune muestran que desde el 20 de enero, cuando Donald Trump juró su segundo mandato, hasta los primeros días de febrero, hubo unos 14,000 arrestos de migrantes, de los que solo el 44% tenía antecedentes penales; de ellos, cerca de la mitad fueron condenados por delitos menores.
Algunos de estos arrestos se han producido incluso en controles de tráfico. Es el caso de Ashley, que por uno de estos controles en Texas ahora vive con la angustia de que su marido, José, tiene una orden de deportación.
Ashley relató hace unos días cómo viajaba en su coche con su marido y sus tres hijos (de cuatro, un año y seis meses), cuando un agente de policía les paró. Su marido, José, que estaba al volante, no tiene documentos porque entró en el país de forma irregular, aunque por estar casado con una ciudadana estadounidense estaba en proceso de obtener la “green card”.
Poco después llegaron los agentes de inmigración y se lo llevaron detenido, dejando a Ashley, que no puede conducir, con sus tres hijos, abandonada en medio de la carretera. José fue liberado al cabo de unas horas, pero ahora tiene una orden de deportación.
“Donald Trump lo está haciendo de manera equivocada. Debería atrapar a los que están cometiendo crímenes como asesinar gente y cosas así. Debería sacar a los peligrosos”, señaló Ashley. “Lo que están diciendo es que un ciudadano estadounidense no debe enamorarse de alguien que es ilegal. Lo entiendo, pero en mi opinión, él es un ser humano, como yo”.
El temor a encontrarse con un agente del ICE se ha extendido como la pólvora entre las familias de estatus mixto, en las que uno de los miembros es indocumentado. La experiencia de las últimas semanas ha dejado claro que no tener antecedentes penales no les protege de la deportación.
“Esta historia destaca el hecho de que el ICE no detiene solo a personas con antecedentes penales para ponerlas en procedimientos de deportación,” denunció Kate Lincoln-Goldfinch, abogada que lleva el caso. “Ashley y su esposo, José, ya habían contratado un bufete de abogados para conseguirle su tarjeta de residencia. Estaban pasando por el proceso. Estaban haciendo todo de la manera correcta y ahora, debido a este incidente, José ha sido puesto en proceso de deportación. La familia ha quedado traumatizada y esta es una persona más en el ya atrasado sistema judicial de inmigración”, añadió la letrada.
Criminales por tatuajes
Incluso muchos de los inmigrantes deportados a la prisión de Guantánamo, que fueron descritos por el zar de la frontera, Tom Homan, como “lo peor de lo peor”, carecen de antecedentes. Los venezolanos enviados a la base naval ubicada en Cuba, que ya han sido trasladados a Caracas vía Honduras, han sido calificados como criminales violentos o vinculados a la pandilla Tren de Aragua. Algunos fueron identificados como tales por llevar ciertos tatuajes propios de ese grupo, considerado por Trump organización terrorista. Sin embargo, varios medios han desmentido que se trate de delincuentes.
A pesar de que las autoridades no dieron a conocer la identidad de los deportados a Guantánamo,, ProPublica y The Texas Tribune identificaron a casi una docena de los migrantes venezolanos enviados a Guantánamo y pudieron confirmar que al menos tres de ellos no cometieron ningún delito, más allá de haber entrado de forma irregular en el país.